El abogado Jorge Cancio, representante legal de la firma "Hongos del Pilar S.A.", brindó detalles sobre
el pedido de elevación a juicio de la causa que involucra a la contadora María José Pucurull, acusada de una defraudación millonaria contra la empresa. En declaraciones al programa "Equipo de Radio", el letrado destacó la contundencia de las pruebas recolectadas, que permitieron al Ministerio Público Fiscal dar por acreditada la maniobra fraudulenta.
"El Fiscal, con las pruebas que aportamos, certificó la maniobra fraudulenta de la contadora y decidió elevar la causa a juicio. Hubo testimonios y pericias que confirmaron que hubo maniobras", señaló Cancio, quien describió el accionar de la imputada como un "desastre" administrativo ejecutado en un breve lapso de tiempo. Según el abogado, Pucurull se desempeñaba en la contaduría desde hacía poco más de un año, pero fue al obtener el control total de la administración cuando inició los desvíos.
De acuerdo a la acusación, la profesional aprovechó un periodo de 54 días, a partir de octubre de 2024, para realizar diversos movimientos ilícitos. "Lo primero que hizo fue incrementarse el sueldo en 8 millones de pesos. Cuando la empresa se da cuenta de estos incrementos, le plantea la renuncia y ella devuelve ese dinero", explicó el representante de la querella. Sin embargo, tras su salida, se detectaron irregularidades adicionales calificadas por el letrado como "maniobras muy burdas".
La investigación determinó el desvío de 19 cheques electrónicos (e-cheqs) que debían ingresar a las arcas de la empresa. Según detalló Cancio, fondos por 54 millones de pesos terminaron en la cuenta personal de la contadora, mientras que otra suma similar fue derivada a la firma sampedrina Guly S.A. "Ella plantea que lo hacía de esa forma para evadir el tema impositivo" indicó el letrado, pero desde la firma receptora de los cheques declararon que realizaron la operación "como un favor", bajo la falsa creencia de que Pucurull estaba cobrando una indemnización laboral. Empleados de la empresa mencionada (sobre la que no existe ninguna imputación) declararon como testigos en la causa.
Respecto a la situación procesal de la contadora, quien también enfrenta una investigación por presuntas irregularidades durante su desempeño de 19 años en el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, Cancio señaló que la pena por el delito de administración fraudulenta oscila entre uno y seis años de prisión. "Es común en los estafadores ser encantadores para que les den la administración, y cuando la obtuvo hizo todo este desastre", concluyó el letrado.
