Prestadores de salud, profesionales y familias de personas con discapacidad se movilizaron este miércoles en San Pedro para alertar sobre el "inminente colapso" del sector, ante la parálisis en la liberación de fondos y la falta de actualización de aranceles.
La manifestación se inició con una concentración en Plaza Belgrano y continuó con una recorrida por las calles céntricas de la ciudad.
El reclamo central del sector apunta a la grave crisis que pone en riesgo miles de puestos de trabajo, con instituciones que ya se vieron obligadas a cerrar sus puertas y transportistas y profesionales que debieron buscar otros empleos.
La movilización se da en un contexto de profunda indignación, particularmente tras los sucesos ocurridos el pasado viernes 17 de octubre en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde, según denunciaron, personas con discapacidad, familias y prestadores fueron "objeto de maltrato y ausencia de respuestas concretas".
Parálisis de Fondos Asignados
La crítica más contundente se centra en la parálisis de los recursos asignados. A pesar de que la Decisión Administrativa del 24 de septiembre destinó $121 mil millones de pesos para la adecuación de aranceles del Sistema Único de Prestaciones, los manifestantes denuncian que ni la ANDIS ni el Ministerio de Salud liberan los fondos, no convocan a Directorio y mantienen deudas por los servicios ya prestados.
La falta de reglamentación de la normativa generó un vacío legal que impide implementar mejoras en los pagos del sector, lo que profundiza la crisis para los profesionales que brindan terapias esenciales.
Aranceles Desactualizados y Retrasos en Pagos
Los profesionales, que incluyen a psicopedagogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, kinesiólogos y acompañantes terapéuticos, remarcaron que los valores de las prestaciones no se actualizan desde diciembre del año pasado.
Según los organizadores, los escasos incrementos otorgados en 2025 –cercanos al 0,5%– resultan "insignificantes" frente a la inflación acumulada. A esto se suman retrasos de hasta un año en los pagos por parte de obras sociales, recortes en las sesiones autorizadas y una creciente brecha entre los aranceles nacionales y los costos reales para sostener un consultorio, pagar monotributo y cumplir con las exigencias administrativas y de capacitación.
