Gremios de estatales (incluyendo el del personal del INTA y otros organismos con sede en San Pedro) se declararon en estado de alerta por la inminente aplicación de una nueva medida instrumentada por el gobierno nacional y que dejaría a miles de trabajadores sin empleo.
A través de otro DNU, que se oficializará antes de fin de año, se rescindirán todas las contrataciones efectuadas en el marco de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional que se hayan hecho a lo largo del 2023 o que concluyan en el próximo 31 de diciembre.
Se exceptuarán aquellos trabajadores que estén contemplados en cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales, y quienes hayan prestado tareas con fecha previa al 1° de enero de este año, aunque hayan atravesado un cambio en su modalidad de contratación.
El decreto habilitará a que cada jurisdicción, con sus respectivas administración, avancen en la evaluación y las consideraciones para la gestión del personal que "resulten indispensables" para el funcionamiento de las labores públicas, "de manera restrictiva y fundada con que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento", según recogió del borrador del decreto la Agencia NA.
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