Referentes de la agrupación Movimiento Derecho al Futuro San Pedro presentaron ante el presidente del Concejo Deliberante, Martín Baraybar, y ediles del bloque oficialista su firme oposición al convenio de refinanciación de deuda suscrito entre el intendente Cecilio Salazar y la empresa recolectora de residuos Ashira S.A. La presentación, acompañada por un exhaustivo informe técnico y jurídico, incluyó además el pedido formal planteado por el dirigente Valentín Mastrángelo para hacer uso de la banca abierta en el cuerpo deliberativo local.
El espacio integrado entre otros dirigentes por el expresidente del cuerpo deliberativo Mariano Veiga, el Valentín Mastrángelo, Margarita Frisch, "Juancho" Correa, Franco Lazzari y César Cejas, hizo entrega del documento en el que advierten sobre los severos riesgos patrimoniales y contables que el acuerdo implica para la comuna, al tiempo que cuestionaron la falta de transparencia en la consolidación del monto exigido por la firma prestadora.
Bajo el título "Alertan sobre el riesgo del convenio con Ashira", el comunicado elevado a las autoridades del Concejo señala que esta semana ingresó un informe donde se cuestiona el acuerdo presentado por el Departamento Ejecutivo municipal, el cual "reconoce una deuda multimillonaria e impagable con la empresa recolectora de residuos". Según remarca el texto, el análisis arrojó "muchas dudas y omisiones, así como riesgos jurídicos y contables", abarcando un compromiso financiero proyectado a siete años y medio que afectará no solo a la actual gestión sino a las dos administraciones municipales futuras.
Entre las principales objeciones financieras, la entidad advierte que el acta firmada "reconoce más de 3.666 millones de pesos de deuda, pero no explica dónde y cómo se origina ese monto", proyectando cuotas e intereses bajo la tasa TAMAR del Banco Nación más un margen del 3% adicional que podrían elevar la cifra final hasta los 8.349 millones de pesos. Asimismo, denunciaron que el expediente menciona dos deudas judicializadas correspondientes a los años 2023 y 2024 por 17 y 45 millones de pesos "sin detalle del origen ni de las causas, por lo que no se entiende cómo se llegó de 62 a casi 3.700 millones".
En ese contexto, el Departamento Ejecutivo envió al cuerpo deliberativo el proyecto de ordenanza para convalidar el acuerdo bajo el expediente municipal N.º 4107-01528/2026. La norma propuesta busca refrendar lo firmado el 10 de julio de 2026 entre el intendente Cecilio Salazar y el vicepresidente de Ashira S.A., Sebastián Insua, reconociendo una deuda de capital al 31 de mayo de 2026 de $3.666.410.927,00 por prestaciones de higiene urbana impagas y redeterminaciones de precios reconocidas, amparándose en el artículo 41 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
El texto del convenio establece un esquema de cancelación en 90 cuotas mensuales sujetas a la tasa TAMAR más tres puntos porcentuales e IVA, acumuladas al vencimiento fijado para los días 20 de cada mes. A su vez, el contrato contempla la refinanciación de las causas judiciales SN-14896-2023 y SN-17464-2025 ante el Juzgado Contencioso Administrativo N.º 1 de San Nicolás, así como una quita condicional de $232.000.000,00 en concepto de intereses moratorios devengados, monto que volverá a ser exigible si la comuna incurre en mora por tres períodos consecutivos o seis alternados.
Entre las disposiciones del instrumento se encuentra la Cláusula Décima, la cual autoriza formalmente la dación en pago mediante la entrega de inmuebles del dominio privado municipal para saldar el capital consolidado, condicionada a la aceptación expresa de la empresa y la previa aprobación del Concejo Deliberante. Asimismo, la Cláusula Novena le otorga al acuerdo el carácter de título ejecutivo una vez convalidado por el Legislativo, habilitando el cobro por vía judicial inmediata en caso de incumplimiento, con sometimiento a los Tribunales Ordinarios de San Nicolás.
Frente a esta estructura contractual, desde Movimiento Derecho al Futuro formularon el interrogante central que atraviesa la impugnación del expediente: "¿Si el municipio no está en condiciones de abonar la cuota normal de recolección cómo se supone que podrá pagar además este convenio?". Al respecto, explicaron que aunque el convenio menciona un esquema de cuotas, la Cláusula Cuarta establece en realidad valores variables y recalculables, lo que induce a error al Concejo Deliberante y puede convertir los pagos en inasumibles.
El documento crítico enfatiza además la severidad de las cláusulas de caducidad fijadas por la empresa, advirtiendo que de no abonarse las cuotas fijadas el convenio se caería y la empresa podrá exigir el pago total de 8.349 millones, ejecutando saldos e intereses condonados. En igual sentido, rechazaron la opción de entrega de tierras por considerar "repudiable afectar el patrimonio público para cubrir gastos que deberían haber sido corrientes".
Por otra parte, la agrupación remarcó la falta de controles sobre la prestación efectiva del servicio, señalando que no existe una auditoría técnica o contable sobre los trabajos facturados frente a los realmente concretados durante los últimos años —como en el caso del barrido manual—, como así tampoco la incorporación de dictámenes de la Asesoría Letrada ni de la Contaduría General de la Municipalidad. A su vez, denunciaron la omisión de la convocatoria a la Asamblea de Mayores Contribuyentes, requisito exigido por la Ley Orgánica de las Municipalidades al momento de comprometer endeudamientos que trascienden el mandato vigente.
Ante este panorama, desde Derecho al Futuro solciitaron a los concejales de las distintas bancadas rechazar la aprobación del acuerdo hasta tanto no se publique e inspeccione el Anexo I con el detalle desglosado de la deuda, disponer una auditoría externa e independiente sobre la operatividad del contrato entre 2023 y 2026, convocar a la Asamblea de Mayores Contribuyentes y eliminar de forma definitiva la cláusula que contempla la entrega de tierras públicas como medio de pago.
