Los concejales Joaquín González y Melina Panatteri, integrantes del bloque Alianza La Libertad Avanza, presentaron ante el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza orientado a garantizar la publicidad activa y la transparencia de los actos de gobierno en el ámbito municipal. La iniciativa legislativa busca modificar el marco normativo vigente para asegurar el acceso irrestricto de la comunidad a las decisiones administrativas relacionadas con los recursos públicos y la gestión del personal comunal.
La presentación de esta propuesta se da en un contexto de fuerte discusión política local, luego de que el tema fuera objeto de intensos debates en el marco de las comisiones y de la sesión legislativa dedicada al tratamiento de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025. Durante el análisis del último período presupuestario, los bloques de la oposición plasmaron con preocupación que se registraron más de 130 decretos emitidos bajo la condición de reservados, lo que aceleró la necesidad de fijar límites normativos a dicha práctica.
El documento, dirigido al presidente del cuerpo deliberativo, Martín Baraybar, propone una modificatoria específica al artículo 7° de la Ordenanza N° 5731/2008, el cual ya había sido reformado por la Ordenanza N° 5984/2012. El propósito central de la reforma es subsanar las idas y vueltas normativas derivadas de vetos ejecutivos del pasado, estableciendo una técnica legislativa clara que ordene de forma definitiva el texto de la norma madre y evite la proliferación de actos administrativos ocultos al conocimiento público.
Entre los fundamentos de la propuesta, los autores destacan que los principios de publicidad, transparencia administrativa y acceso a la información pública se encuentran consagrados en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En ese sentido, sostienen que los actos administrativos que involucran designaciones, ingresos a la administración, pases a planta permanente, contrataciones, nombramientos políticos, recategorizaciones y el otorgamiento de bonificaciones o adicionales salariales financiados con fondos públicos son de indudable interés general y deben estar sujetos al control ciudadano.
El proyecto advierte sobre la existencia de una aplicación dispar de criterios de publicidad dentro de la comuna. Según argumentan los ediles, mientras que numerosos decretos de personal se han publicado regularmente identificando a los agentes alcanzados sin objeciones respecto a la protección de datos, en otros casos de relevancia presupuestaria e institucional se recurrió a mecanismos de reserva o restricción de acceso. Los concejales consideran que esta selectividad discrecional afecta la seguridad jurídica y los estándares de gobierno abierto.
Con respecto al marco legal, el texto aclara que la Ley Nacional N° 25.326 de Protección de Datos Personales tutela los datos sensibles, pero de ninguna manera impide la publicidad de las decisiones que generan erogaciones presupuestarias o modifican las estructuras de personal del Estado. De este modo, se subraya el derecho de los vecinos del partido de San Pedro a conocer la nómina de ingresos y los beneficios salariales sostenidos con los recursos de los contribuyentes.
La reforma propuesta establece la obligatoriedad de publicar en forma íntegra en el Boletín Oficial Municipal todos los decretos dictados por el Departamento Ejecutivo, ya que la normativa prohíbe explícitamente que estos actos sean clasificados como reservados o confidenciales por el solo hecho de referirse a cuestiones de personal. La medida alcanza taxativamente a los nombramientos de funcionarios políticos, los pases a planta, las contrataciones, las creaciones o modificaciones de cargos y cualquier disposición que altere la situación laboral de los agentes o implique gastos públicos.
Al articulado especifica que la publicación deberá detallar la identidad del personal, su cargo, categoría, dependencia y el beneficio otorgado, encomendando a la autoridad de aplicación la garantía de su incorporación inmediata en los soportes digitales del Boletín Oficial para el libre acceso comunitario.