El proyecto de ordenanza establece que el Departamento Ejecutivo podrá requerir la presentación del certificado de libre deuda alimentaria para diversos trámites y gestiones oficiales. Entre los supuestos alcanzados se encuentran el ingreso a la planta municipal en todas sus categorías, la designación de funcionarios políticos y autoridades superiores, y la contratación de proveedores o concesionarios de servicios públicos.
Asimismo, la normativa prevé que el certificado sea una condición para la adjudicación de programas sociales, beneficios o subsidios municipales. En caso de que un solicitante figure en el registro de morosos, la autoridad administrativa tendrá la facultad de suspender el trámite u otorgar un plazo de 30 días para regularizar la situación antes de dejar sin efecto la solicitud o designación.
Los autores de la propuesta destacaron que distritos vecinos como San Nicolás, Lincoln y Chivilcoy ya han implementado regímenes similares con éxito. De aprobarse, la medida invitará también a organismos descentralizados y entes autárquicos con participación municipal a adoptar políticas concordantes para asegurar la protección integral de la familia y la niñez en el distrito.
