El intendente Cecilio Salazar elevó al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza que amplía las restricciones y aumenta las penas ante la circulación de vehículos con escapes libres o adulterados y sancionar las maniobras riesgosas en la vía pública, informaron hoy fuentes municipales.
La iniciativa, dirigida al presidente del cuerpo deliberativo, Martín Baraybar, establece un marco regulatorio estricto para combatir la contaminación sonora y fortalecer la seguridad vial en todo el partido. El texto propone la prohibición de circular con sistemas de escape que no sean originales o que hayan sido modificados para amplificar el ruido del motor, tales como los denominados "cortes" o "explosivos".
Según el articulado del proyecto, el incumplimiento de estas normas será considerado una falta grave. Las sanciones previstas incluyen multas que oscilan entre las 300 y 2.500 Unidades Fijas, la retención de la licencia de conducir y el secuestro del vehículo. Además, se establece que los caños de escape antirreglamentarios incautados serán destruidos mediante compactación o corte, sin posibilidad de ser recuperados por el infractor.
La normativa impulsada por el Departamento Ejecutivo define como infracción grave la circulación de cualquier vehículo que no posea un sistema de escape original homologado o certificado por la Revisión Técnica Vehicular. En este sentido, queda taxativamente prohibido el uso de dispositivos destinados a provocar explosiones o amplificar el sonido del motor, los cuales, una vez secuestrados, serán destruidos de forma definitiva mediante compactación o corte para evitar su reutilización.
Respecto a la seguridad vial, el articulado detalla una serie de conductas calificadas como "maniobras riesgosas" en la vía pública. Entre ellas se mencionan la conducción en una sola rueda, los derrapes intencionales con quema de neumáticos conocidos como "burnout", las aceleraciones bruscas sin desplazamiento efectivo y el zigzagueo reiterado entre vehículos. El proyecto contempla que estas acciones son amenazas directas a la integridad física de terceros y autoriza la retención inmediata de la unidad y de la licencia de conducir del infractor.
Un punto central de la propuesta es el protocolo de actuación para los agentes municipales ante casos de fuga o resistencia. El texto faculta al Juez de Faltas a ordenar allanamientos en propiedades privadas para proceder al secuestro del vehículo identificado en la infracción. Esta medida excepcional podrá ejecutarse incluso en supuestos de flagrancia, siempre con el acompañamiento de personal policial y bajo la obligatoriedad de registrar el procedimiento mediante filmaciones o pruebas fotográficas que garanticen la legalidad del acto.
Finalmente, la ordenanza extiende las responsabilidades al ámbito comercial y de servicios. Los talleres mecánicos y casas de repuestos tendrán prohibido realizar modificaciones que impliquen la remoción de silenciadores o la perforación de caños de escape. Los comercios deberán exhibir cartelería informativa de gran tamaño advirtiendo sobre la ilegalidad de estos sistemas en la vía pública, bajo riesgo de sufrir multas que se duplican en caso de reincidencia y que pueden derivar en la baja definitiva de la habilitación comercial tras la cuarta infracción.
En sus fundamentos, el Departamento Ejecutivo señaló que estas medidas responden a la necesidad de proteger a la comunidad en su conjunto, con especial énfasis en las personas con hipersensibilidad auditiva, trastornos del espectro autista, adultos mayores y niños, quienes resultan afectados por los ruidos excesivos.
