El presidente del Concejo Deliberante de San Pedro, Martín Baraybar, encabezará esta mañana una reunión de presidentes de bloque para evaluar la situación administrativa y política del edil Mauro De Rosa. El encuentro se produce tras la denuncia penal por presunto acoso y delitos contra la integridad sexual presentada por la concejal Tamara Vlaeminck, a raíz de incidentes ocurridos el pasado miércoles en el Club Paraná.
La gravedad del escenario motivó una convocatoria urgente para definir los pasos a seguir dentro del cuerpo legislativo. Baraybar calificó los sucesos como "hechos extremadamente graves" y señaló que, a pesar de que los incidentes no tuvieron lugar en el recinto, su naturaleza obliga a un análisis profundo sobre la conducta de los representantes públicos.
Respecto a la postura institucional, el titular del cuerpo deliberativo manifestó que se busca acompañar a la denunciante sin descuidar el rol normativo. "De mi lado tratamos de estar cerca de la víctima, pero no dejo de tener responsabilidad institucional. No soy el dueño del cuerpo y mi visión, más allá de ser el presidente, es una entre 18", explicó Baraybar, subrayando la necesidad de alcanzar un consenso entre todas las fuerzas políticas.
El debate se centra ahora en las limitaciones legales para aplicar sanciones disciplinarias de forma inmediata. Según detalló el funcionario, la Ley Orgánica de las Municipalidades presenta vacíos ante este tipo de situaciones extraoficiales. "Dentro de la reglamentación hay diferentes tipos de sanciones para concejales o intendente ante cierto tipo de sanciones. Haciendo una lectura de la ley orgánica que regula el funcionamiento de las municipalidades, no hay demasiado para ver. No plantea ante este tipo de situaciones la posibilidad de sanciones internas", precisó.
Pese a las restricciones normativas, Baraybar insistió en que el cuerpo no permanecerá indiferente y buscará generar precedentes para el futuro. "Creo que tenemos que pensar para adelante y si no hay nada escrito queremos ver qué podemos hacer", afirmó, al tiempo que mencionó a la Ley Micaela como una herramienta de referencia, aunque reconoció que "respecto a la cuestión sancionatoria es bastante escueta".
