Crimen de Pereyra: Fiscalía define los próximos pasos tras la entrega de Carlevaris

 Kevin Carlevaris, de 18 años, quien ayer se entregó a la policía luego de permanecer prófugo durante más de cuarenta días, deberá prestar declaración indagatorai en las próximas horas ante la Fiscal Viviana Ramos, en el marco de la investigación por el asesinato de Agustín Pereyra.  El joven está señalado como el presunto autor material del homicidio de Agustín Pereyra, ocurrido a principios de enero en la intersección de Manuel Iglesias y Boulevard Moreno. 

La Libertad Avanza sostiene que la continuidad de De Rosa en el HCD es "incompatible" tras los hechos denunciados

 


La agrupación La Libertad Avanza San Pedro y su bloque de concejales manifestaron su "más enérgico repudio" ante la denuncia penal radicada contra el edil Mauro De Rosa. A través de un comunicado oficial, el espacio político consideró que la permanencia del funcionario en el Honorable Concejo Deliberante resulta "incompatible" con la gravedad de los hechos que se investigan.

Vale recordar que De Rosa presentó un pedido de licencia en la mañana del lunes, tras presentarse en la reunión de presidentes de bloque, en donde pidió disculpas por lo sucedido. 

Desde el sector político expresaron su plena solidaridad con la víctima y remarcaron que, según declaraciones públicas de la misma a un medio local, los hechos habrían sido reconocidos por el propio denunciado. En este sentido, el bloque subrayó que no tolerará este tipo de conductas y exigió un accionar "rápido, transparente y eficaz" por parte de la Justicia.

El documento difundido por la Alianza La Libertad Avanza sostiene que, más allá del proceso judicial en curso, existe una "responsabilidad política y ética" que no puede ser soslayada por las instituciones. Los referentes locales señalaron que los hechos denunciados lesionan valores fundamentales de convivencia y respeto, calificando la situación como de extrema gravedad.

Finalmente, el comunicado advierte que la continuidad de De Rosa en su cargo obligaría a la víctima a compartir el ámbito institucional con quien ha sido señalado como su agresor. Según argumentaron desde el bloque de concejales, esta situación profundizaría el daño y vulneraría principios elementales de protección y resguardo que deben primar en el cuerpo legislativo.