El Departamento Ejecutivo Municipal enviará en los próximos días un proyecto de ordenanza al Honorable Concejo Deliberante con el objetivo de endurecer las sanciones contra motociclistas que circulen con caños de escape modificados y participen en carreras clandestinas. La iniciativa busca establecer un marco normativo más riguroso para regular este tipo de infracciones que afectan la seguridad vial y la convivencia urbana.
El intendente Cecilio Salazar confirmó la medida en declaraciones formuladas a La Radio 92.3 y fundamentó la necesidad de una normativa local que permita aplicar multas más severas. "Vamos a mandar una ordenanza que sea realmente dura, porque yo creo que esto es un delito", sostuvo el jefe comunal en declaraciones radiales, al tiempo que remarcó la peligrosidad de estas conductas en la vía pública.
Desde el Ejecutivo señalaron que los operativos de control se han intensificado en las últimas semanas. Según detalló Salazar, recientemente se secuestraron más de 40 motocicletas en un solo procedimiento, seguidas por otras 15 unidades en días posteriores. "Hacemos operativos, sacamos las motos, y la idea es agravar las multas, que no les sea tan fácil, porque sacamos la moto, sacamos los caños de escape, y siguen", explicó.
El mandatario también hizo hincapié en la responsabilidad de los adultos, dado que una gran parte de los infractores son menores de edad que circulan sin documentación, sin casco y, en varios casos, con resultados positivos en test de alcoholemia. En ese sentido, lamentó que no se comprenda "la peligrosidad de andar con las motos de esa forma, no solo molestando a los vecinos, sino poniendo en riesgo a todos".
"Esto roza lo delictual", enfatizó el intendente, quien además cuestionó las críticas que recibe el sistema de salud pública cuando ocurren siniestros derivados de estas conductas: "Cuando sucede un accidente después el hospital es el culpable, o el Intendente no los atiende".
Como parte del proceso de redacción de la norma, la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, mantendrá reuniones con la Jueza de Faltas local para coordinar los alcances legales de la nueva ordenanza. Una vez finalizado el proyecto, el texto será elevado al cuerpo legislativo para su tratamiento y eventual aprobación, con la expectativa de dotar al municipio de herramientas más eficaces para combatir las denominadas "picadas" y los ruidos molestos.
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