El Secretario de Economía y Hacienda,
Roberto Borgo, aseguró hoy que la administración municipal iniciará una etapa de mayor rigurosidad en la recuperación de acreencias, centrada tanto en las obras sociales como en contribuyentes de alto poder adquisitivo. Las declaraciones surgen tras confirmarse un pago de
$55.887.609,97 por parte de
Unión Personal y Accord, cifra que reduce parte de la millonaria deuda que estas entidades mantienen con el sistema público de salud local.
"El Municipio va a salir a cobrar las deudas que tiene. En el área de salud tenemos que hacernos cargo de las personas que no tienen obra social; no le sacamos el cuerpo a las necesidades de la comunidad, pero del otro lado hay un efector que percibe aportes de sus trabajadores", explicó el funcionario en declaraciones a La Radio 92.3, subrayando la necesidad de defender los recursos del Hospital Municipal "Dr. Emilio Ruffa".
Cambio de paradigma en la Superintendencia
Borgo fue crítico respecto a la modificación de los mecanismos de reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Según detalló, el sistema anterior permitía al Estado retener fondos a las obras sociales deudoras para derivarlos a los municipios, un proceso que, aunque "tedioso", garantizaba el cobro a largo plazo.
"Desde el año pasado el Gobierno Nacional dice que esta es una cuestión entre privados y que es un problema de los municipios o los hospitales", señaló Borgo. Esta desregulación deja a la salud pública sin el respaldo del organismo nacional para el cobro automático y, además, congela los valores de las prestaciones: "Siguen pagando lo mismo que hace dos años. La salud pública queda sin margen de negociación y con la obligación de atender".
Nuevos convenios y prioridades
Ante este escenario, el secretario adelantó que la gestión local cambiará su modalidad operativa. El objetivo es avanzar hacia convenios de prestación individuales con cada obra social para actualizar aranceles y plazos de pago.
Respecto a la atención médica, Borgo aclaró que la prioridad absoluta seguirá siendo el paciente, aunque habrá controles administrativos más estrictos. Como ejemplo, indicó que se podría verificar la existencia de convenios vigentes antes de proceder con cirugías programadas, aunque la atención de urgencias continuará prestandose sin modificaciones.
"Va a ser una situación compleja en la que tendrán que ocuparse las autoridades sanitarias y legales", concluyó Borgo, marcando el inicio de una etapa de reordenamiento financiero para evitar que el incumplimiento de las empresas de medicina prepaga comprometa la operatividad de la salud pública sampedrina.
