La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, Dra. Viviana Ramos, brindó detalles sobre los avances en la investigación del asesinato de Agustín Pereyra, ocurrido la semana pasada en la intersección de Manuel Iglesias y Boulevard Moreno durante un enfrentamiento armado entre jóvenes que circulaban en dos motocicletas. La fiscal confirmó que el presunto autor material del crimen fue identificado como Kevin Carlevaris, quien posee un pedido de captura nacional e internacional, y lo vinculó con una trama de conflictos territoriales y deudas de sangre que afecta a diversas facciones de la zona.
Ramos precisó que la identificación fue posible gracias al análisis de las imágenes de monitoreo y al testimonio del conductor del vehículo en el que se desplazaba la víctima. "No hay dudas de quién fue la persona autora del hecho, que sería Kevin Carlevaris, hermano de Lautaro, que fue asesinado hace un año", señaló la fiscal, quien además advirtió que el imputado posee 15 causas en trámite por delitos graves como amenazas agravadas y tentativa de homicidio. Según la reconstrucción judicial, el arma utilizada para dar muerte a Pereyra fue un revólver calibre .38 especial, calificado como arma de guerra, mientras que las cámaras captaron que la víctima también portaba un arma que no fue hallada hasta el momento.
La funcionaria judicial expresó su preocupación por la resolución del Juzgado de Garantías de otorgar la libertad al conductor de la motocicleta que trasladaba a Pereyra, pese a que se solicitó su detención por portación. "Esta semana estuve incómoda con la libertad del conductor y presenté una queja informal manifestando que no están en la trinchera y es un riesgo que pudiera haber otra situación de violencia", afirmó Ramos. Asimismo, subrayó que los implicados pertenecen a grupos que resuelven sus disputas de forma directa en la vía pública: "Son conflictos que se heredan de familia a familia, y en donde desde muy chicos estas facciones o familias resuelven sus conflictos con el uso de armas de fuego como una constante".
En relación al trasfondo de estos episodios, la fiscal vinculó la violencia con la disputa por la venta de estupefacientes al menudeo, una actividad que, según explicó, ha mutado para eludir la acción de la justicia mediante el uso de locaciones precarias y la participación de mujeres con hijos para evitar prisiones preventivas. Al respecto, sostuvo que "la dificultad que tenemos es que en el último tiempo le han encontrado la vuelta de establecerse en un lugar en donde manejan poca cantidad de drogas, lo arman y desarman", e hizo hincapié en la necesidad de "limpiar las armas de fuego" de las calles como prioridad para frenar el flagelo.
Finalmente, Ramos se refirió a las carencias estructurales que enfrenta el Ministerio Público Fiscal en San Pedro, indicando que hace diez años la ciudad debería contar con tres fiscales, pero actualmente solo operan dos subrogando múltiples causas. "En estos quince días de enero llevamos 180 causas; nosotros tenemos el doble de causas que Baradero", detalló la fiscal, quien remarcó la importancia de la colaboración ciudadana para romper el círculo de silencio, ya que muchas veces no hay apoyo de vecinos ni familiares para aportar información que permita esclarecer los hechos ante la justicia.
