Un informe presentado por la Subsecretaría Legal y Técnica del Municipio de San Pedro al intendente
Cecilio Salazar, que forma parte de la documentación entregada al Ministro Nicolás Kreplak
, revela una
deuda acumulada de obras sociales nacionales y provinciales que asciende a 267.722.668 pesos al mes de octubre de 2025.
El documento, trabajado en conjunto con la Secretaría a cargo de la Dra. María Isabel Carrasco, no solo cuantifica la "grave situación financiera" sino que también propone una "estrategia de cobro escalonada" y acciones legales para el recupero de estos fondos vitales para el sistema de salud municipal.
El trabajo subraya que este incumplimiento sistemático de pagos "genera un grave perjuicio patrimonial para el Municipio" y afecta directamente la capacidad operativa del Hospital Municipal, que "es subsidiado con fondos propios prestaciones que legalmente corresponden ser cubiertas por las obras sociales".
Cuantificación de la Deuda y Mayores Deudores
La deuda total de $267.722.668 se desglosa en las siguientes obras sociales:
OSPRERA: Encabeza la lista con $123.664.227,09 (46,2% del total).
UNIÓN PERSONAL (UP): Le sigue con $83.214.216,62 (31,1%).
IOMA: Con una deuda de $23.628.537,21 (8,8%).
IOSFA (Fuerzas Armadas): $17.700.840,00 (6,6%).
OSPECON: $15.484.229,04 (5,8%).
CHOFERES: $4.030.617,89 (1,5%).
El documento enfatiza que "los servicios de salud fueron efectivamente prestados con recursos municipales (personal, insumos, infraestructura)" y que esta situación representa un "enriquecimiento sin causa de las obras sociales en detrimento del erario público municipal".
Propuesta de Acción Legal y Medidas Urgentes
Ante este panorama crítico, la Subsecretaría Legal y Técnica, a cargo del Dr. Daniel Porta, propone una estrategia de cobro escalonada que incluye acciones inmediatas y judiciales:
A. Fase Administrativa Inmediata (Plazo: 15 días):
Intimación fehaciente mediante carta documento a cada obra social deudora, con detalle pormenorizado de facturas impagas.
Plazo perentorio de 10 días hábiles para regularización total.
Advertencia de inicio inmediato de acciones judiciales.
Reserva de inicio de acciones ante organismos de control.
El informe aclara que "esta fase ha sido cumplimentada sin obtener respuesta a la fecha".
B. Fase Judicial (En caso de falta de respuesta satisfactoria):
Inicio de acciones judiciales de cobro: Juicio ejecutivo (si existen facturas conformadas), juicio ordinario de cobro (en caso contrario), o fuero Contencioso Administrativo Federal o Provincial según corresponda.
Medidas cautelares: Embargo preventivo sobre fondos de las obras sociales e inhibición general de bienes.
Denuncia penal (según evaluación de cada caso): Eventual configuración de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público (autoridades de obras sociales).
Consideraciones Especiales por Deudor y Recomendaciones
El informe detalla consideraciones específicas para las obras sociales con mayores deudas:
OSPRERA e IOMA: Priorizar la gestión política en paralelo a la legal, dado su nivel de incidencia.
IOSFA: Ante autárquico nacional, gestión ante el Ministerio de Defensa complementaria.
Obras sociales sindicales (UP, Choferes, OSPECON): Denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud y vía judicial ejecutiva.
Entre las recomendaciones finales, el informe insta a "autorizar el inicio inmediato de la estrategia legal propuesta", "instruir a las áreas de Salud y Administración para que remitan con carácter urgente la documentación respaldatoria requerida" y "considerar la realización de una presentación formal ante la Legislatura Provincial y/o autoridades nacionales competentes, exponiendo la situación de desfinanciamiento del sistema de salud municipal por incumplimiento de obras sociales".
La conclusión es categórica: "La situación descripta configura un caso de extrema gravedad institucional y financiera que requiere una respuesta inmediata y contundente del Municipio para resguardar el patrimonio público y garantizar la sustentabilidad del sistema de salud municipal". Además, se afirma que "la recuperación de estos créditos es jurídicamente viable y técnicamente posible, requiriendo decisión política para su impulso efectivo".
