El síndico de la cooperativa, Pablo Peralta, explicó que el control es llevado a cabo por una empresa externa y consiste en la colocación de precintos de colores en los medidores: verde para los que funcionan correctamente y rojo para aquellos que presentan anomalías, como puentes o conexiones clandestinas que alteran el registro del consumo.
"El medidor rojo indica robo de energía. Puede ser un puente de medidor, un cable para que registre menos energía o algún otro tipo de fraude", señaló Peralta.
El robo de energía es un delito federal, por lo que cada caso detectado es denunciado y se aplican las normativas del Organismo de Control de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA). La multa se calcula tomando el pico de consumo detectado y multiplicándolo por el período de un año.
El síndico detalló que se han encontrado casos que van desde pequeños consumos en domicilios particulares hasta grandes comercios. Las sanciones económicas varían en función del daño causado. Peralta ejemplificó con la multa de 38 millones de pesos aplicada a una empresa distribuidora de alimentos que fue descubierta alterando su medidor para pagar solo el 33% de lo que consumía. El funcionario remarcó que, a pesar de la sanción, el personal de la COOPSER volvió a detectar a la misma compañía realizando la maniobra ilegal apenas dos días después.
Los usuarios que son notificados de estas irregularidades deben firmar un convenio de pago con la cooperativa. En caso contrario, se procede a cortar el servicio de manera inmediata y no se reconecta hasta que la situación esté regularizada.
