El presidente del Consejo de Administración de COOPSER, Iván Groppo, confirmó que hasta el momento no recibieron ninguna intimación relacionada con el anuncio de la Secretaría de Industria y Comercio sobre sanciones por incluir en sus facturas tarifas vinculadas a leyes provinciales.
La información difundida por canales oficiales indica que son las intimadas son 94 empresas distribuidoras de todo el país, que se suman a otras 95 advertidas en el mes de noviembre.
Sin embargo, Groppo aclaró que no existen agregados locales en la factura: "La realidad es que la cooperativa no cobra ninguna cuestión que esté por fuera de lo nombrado. Hay una ley 7290 que es de 1967 que es un canon con una alícuota del 4% para hogares y 1% para industrias que cooperativa cobra y transfiere automáticamente a provincia por un fondo especial para desarrollo eléctrico. La 9038 del año 78 implica un 5,5% es para financiar una central de acumulación por bombeo de Laguna La Brava y que la cooperativa transfiere a una cuenta que estipula la Provincia de Buenos Aires".
La discusión entre Nación y Provincia dejó en el medio a cooperativas como la de San Pedro: "Nación no quiere que cobremos esto y nosotros estamos normados por una ley provincial. Todas las distribuidoras de los 135 municipios. A nosotros nos regula la provincia de Buenos Aires. Si son dos leyes provinciales, es una cuestión que tiene que resolver Nación con Provincia. Nosotros también cobramos el IVA que es un impuesto que va directamente al gobierno nacional. Si la Provincia nos dice que dejemos de cobrar y transferir el dinero automáticamente lo hacemos. A COOPSER no lo beneficia ni lo perjudica, porque no es un dinero del que podamos disponer. Si dejamos de cobrar o transferir ese dinero nos sancionarían. En algún momento cooperativas fueron penalizadas por retención indebida cuando dejaron de enviar el dinero para cubrir fondos propios. Imagínense si dejáramos de cobrarlo".
