Provincia y Municipio firman convenio por $15 millones para mejoras en el Hogar Sarmiento

  La Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres, visitó hoy San Pedro para formalizar un importante convenio de subsidio con el municipio local, por un monto de 15 millones de pesos. Los fondos estarán destinados a la adquisición de equipamiento esencial para las obras de refacción que se están llevando a cabo en el Hogar Sarmiento. La jornada de trabajo comenzó en el Palacio Municipal, donde Cáceres fue recibida por el Jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, en representación del Intendente Cecilio Salazar, junto a otros funcionarios municipales y provinciales. Durante el encuentro, se rubricó el acuerdo que permitirá la compra de aires acondicionados, cocina, heladera, freezer, grifería y sanitarios para el hogar.

Reclamos por el cierre de registros automotores y cambios en los trámites


La Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor comienza hoy un paro por tiempo indeterminado contra el cierre del 40 por ciento de sus oficinas anunciado por el Gobierno Nacional. 
Si bien la medida abarca a todos los registros seccionales y a sus trabajadores registrales, en San Pedro al menos este lunes, no tuvo repercusión.
Los dos registros que funcionan en la ciudad, uno en calle Pellegrini y el otro en calle Mitre, 

"Vistas las circunstancias que amenazan nuestra fuente laboral y por consiguiente a los RR.SS (Registros Seccionales) que nos la proveen, hemos decidido el cese de actividades registrales hasta tanto el Ministerio de Justicia y DDHH convoque al diálogo a nuestros encargados", comunicó el gremio.

El sindicato advirtió que "no habrá recaudación ninguna para girar" a la cartera que lidera Mariano Cúneo Libarona por el cese de actividades. A su vez, le pidieron que vele y responsa "por la seguridad jurídica registral de los ciudadanos hasta que esté en condiciones de entablar diálogo con nuestros encargados".


Los cambios 

El cierre del 40 por ciento de las oficinas no fue la única novedad comunicada por el Ministerio de Justicia. También se eliminaron algunos trámites que se hacían en esas dependencias.

  • Se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.
  • Se eliminará la "cédula azul": A partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.
  • Se eliminará el vencimiento de todas las "cédulas verdes".
  • Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.
  • Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.
  • Se propondrá a las provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.
  • Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.
  • Se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.
  • Se deroga el régimen que impone la Casa de la Moneda en la compra de insumos y habilitar la "libre competencia" de oferentes.
  • Se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.
  • Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.