Provincia y Municipio firman convenio por $15 millones para mejoras en el Hogar Sarmiento

  La Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres, visitó hoy San Pedro para formalizar un importante convenio de subsidio con el municipio local, por un monto de 15 millones de pesos. Los fondos estarán destinados a la adquisición de equipamiento esencial para las obras de refacción que se están llevando a cabo en el Hogar Sarmiento. La jornada de trabajo comenzó en el Palacio Municipal, donde Cáceres fue recibida por el Jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, en representación del Intendente Cecilio Salazar, junto a otros funcionarios municipales y provinciales. Durante el encuentro, se rubricó el acuerdo que permitirá la compra de aires acondicionados, cocina, heladera, freezer, grifería y sanitarios para el hogar.

Advierten que una desregulación podría dejar a personas con discapacidad sin atención


El Consejo Provincial para Personas con Discapacidad (COPRODIS) se manifestó en contra de la reforma "que busca desregular el Sitema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral". Según explicó, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) pretende que "cada organismo financiador determine, de manera independiente, los valores arancelarios de las prestaciones, propiciando así un sistema fragmentado y desigual".

En la misma línea, desde el Ministerio de Trabajo bonaerense denunciaron que "de prosperar, la iniciativa podría dejar (a las personas con discapacidades) sin la atención necesaria solo por una cuestión de costos". "Esta desregulación destruiría el principio de universalidad y el de igualdad", indicaron desde la cartera que lidera Walter Correa.

La polémica reforma busca que cada organismo público que financia el sistema de prestaciones fije por su cuenta los aranceles para cada prestación. Actualmente, hay un nomenclador en el que se especifican las prestaciones y los aranceles que le corresponden a cada una. De esta manera, los entes que deben dar la cobertura, como obras sociales o prepagas, están obligadas a pagar esos montos que, a su vez, se actualizan por inflación e índices salariales.

En este marco, desde el COPRODIS pidieron "que se descarte este decreto y se busquen soluciones que prioricen los derechos y necesidades de las personas con discapacidad".