En la misma línea, desde el Ministerio de Trabajo bonaerense denunciaron que "de prosperar, la iniciativa podría dejar (a las personas con discapacidades) sin la atención necesaria solo por una cuestión de costos". "Esta desregulación destruiría el principio de universalidad y el de igualdad", indicaron desde la cartera que lidera Walter Correa.
La polémica reforma busca que cada organismo público que financia el sistema de prestaciones fije por su cuenta los aranceles para cada prestación. Actualmente, hay un nomenclador en el que se especifican las prestaciones y los aranceles que le corresponden a cada una. De esta manera, los entes que deben dar la cobertura, como obras sociales o prepagas, están obligadas a pagar esos montos que, a su vez, se actualizan por inflación e índices salariales.
En este marco, desde el COPRODIS pidieron "que se descarte este decreto y se busquen soluciones que prioricen los derechos y necesidades de las personas con discapacidad".
