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| Información diario Clarín y Agencia DyN |
El Juez Federal Sebastián Casanello ratificó la vigencia de la investigación contra el Secretario General de UATRE, Gerónimo "Momo" Venegas, y el actual Intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, en la causa denominada "mafia de los medicamentos".
La información fue confirmada por fuentes judiciales al periodista Daniel Santoro, y publicada en la edición digital del diario Clarín.
Casanello rechazó un pedido de sobreseimiento que había formulado Venegas en el marco de la causa en la que estuvo detenido en febrero de 2011 por orden del entonces juez Norberto Oyarbide. Una protesta del gremio con cortes de ruta llevó a Oyarbide a excarcelar a Venegas.
Pese a que en ese momento se acusó al gobierno nacional de
ingerir en la investigación judicial, lo cierto es que el cambio de gestión, y
de Juez, no impidió que la causa continúe adelante.
En la causa principal de la mafia de los medicamentos está
procesado el ex titular de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, quien
desde entonces espera para ir a un juicio oral y público.
"Aún restan medidas de prueba por producir, como por
ejemplo, el análisis de la documentación recolectada y entrecruzamiento de
información entre los estudios periciales scopométricos (para determinar
autenticidad), los expedientes APE (ex Administración de Programas Especiales
que cubría los tratamientos de alta complejidad) cuyos troqueles resultaron
apócrifos y los tratamientos médicos recibidos por los pacientes afiliados a
OSPRERA", la obra social de los trabajadores del campo, explicó el juez,
informó la agencia DYN.
"También resta determinar el perjuicio económico que
habría sufrido el Estado Nacional producto de las presentaciones de reintegros
de medicamentos que formuló OSPRERA ante la Administración de Programas
Especiales con troqueles apócrifos", añadió.
Venegas -jefe de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales
y Estibadores (UATRE)- está bajo investigación por el supuesto mecanismo ilegal
de falsificación de unos 25 expedientes médicos para el suministro de drogas de
alto costo que era subsidiado por la APE, del Ministerio de Salud.
En la causa se investiga, además, si se les suministraron a
los pacientes medicamentos adulterados, sin sus principios terapéuticos activos
en condiciones de sanar a quienes los recibían.
Venegas y otros imputados, entre ellos Salazar, pidieron sus
sobreseimientos, pero Casanello replicó que "aún no se ha despejado la
duda acerca de si los hechos que son materia de investigación puede ser
atribuidos o no" a los acusados.
El fallo coincide con el dictamen del fiscal federal Franco
Picardi.
"Con el devenir de la investigación se arribó a la
sospecha de que la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República
Argentina (OSPRERA), era una de las obras sociales que formaba parte de la
cadena de comercialización ilícita de sustancias medicinales que estaban
destinadas a programas especiales de distribución gratuita por el Ministerio de
Salud de la Nación", añadió Casanello.
La investigación involucra, además de Venegas y Salazar, por
entonces presidente y vice de OSPRERA, a Alejandro Wittemberg, gerente de
Prestaciones; Ariel Hernández y Juan De León, médicos auditores; Luis Alberto
Aguirre, encargado de cobranzas y Marta Arviza, empleada administrativa, según
la causa.
