Provincia y Municipio firman convenio por $15 millones para mejoras en el Hogar Sarmiento

  La Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres, visitó hoy San Pedro para formalizar un importante convenio de subsidio con el municipio local, por un monto de 15 millones de pesos. Los fondos estarán destinados a la adquisición de equipamiento esencial para las obras de refacción que se están llevando a cabo en el Hogar Sarmiento. La jornada de trabajo comenzó en el Palacio Municipal, donde Cáceres fue recibida por el Jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, en representación del Intendente Cecilio Salazar, junto a otros funcionarios municipales y provinciales. Durante el encuentro, se rubricó el acuerdo que permitirá la compra de aires acondicionados, cocina, heladera, freezer, grifería y sanitarios para el hogar.

SUTEBA impugnó el operativo nacional de evaluación “Aprender”

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) confirmó la presentación de una impugnación a nivel provincial a la implementación del operativo nacional de evaluación “Aprender 2016”. 
En tal sentido, el gremio impuso “un recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio contra la resolución 480/16”. 

El motivo, explicaron es que “están presentándose cientos de renuncias de directores y docentes a asumir tareas impuestas de veedores y/o aplicadores del Operativo” y que “la Dirección General de Cultura y Educación está ejerciendo presiones para detenerlas”. 
SUTEBA ratifica que “la evaluación debe ser parte del proceso de enseñanza, hecho que sucede en todas las escuelas en un trabajo colectivo de maestros, profesores, directores y estudiantes en la construcción del proyecto educativo”. 
Además, el sindicato liderado por Roberto Baradel planteó que no aceptan “formatos estandarizados que ubican a los docentes como meros ejecutores y a los estudiantes como objetos de estudio”. 
En el mismo orden, manifestaron su desacuerdo “con un operativo de evaluación nacional sin participación de los docentes, sin certezas en que la intencionalidad política del uso de la información se enmarque en el respeto a leyes educativas y derechos laborales”.