Como parte de las cesantías dispuestas por el gobierno de
Macri, tres empleadas del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de San Pedro que
ejercían funciones desde septiembre de 2015, fueron despedidas “sin causa”.
Los telegramas de despido llegaron el viernes 15 con la
nota: “Notificamos a usted que prescindimos de sus servicios a partir del día
de la fecha”. Las trabajadoras rechazaron la carta documento por considerarla “ilegal,
improcedente y manifiestamente discriminatoria y temeraria”.
“Estábamos contratadas mediante el ente cooperador que se
denomina ACARA”, explicó a Noticias San Pedro una de las
damnificadas. “Ya habíamos superado el régimen de prueba (3 meses), nuestro contrato
se enmarca dentro de la ley de contrato de trabajo. El contrato que firmamos no
tenía un plazo, era por plazo indeterminado, por lo cual sabíamos que al
superar el período de prueba entendemos que teníamos cierta estabilidad. Si
bien formalmente no estábamos en planta permanente, al superar el período de
prueba teníamos la estabilidad que nos corresponde como empleado público”,
detalló.
Aunque no hay motivo explícito de las cesantías, las
trabajadoras lo atribuyen a una cuestión ideológica, al haber sido designadas
en el anterior gobierno. En la respuesta al telegrama de despido, las
trabajadoras expresan que desde el 15 de septiembre prestaron tareas en “forma habitual,
regular y propia de la planta permanente (…) con una jornada completa de lunes
a viernes de 8 a 16 hs. hasta la actualidad”. Por esa razón, señalan que poseen
“estabilidad absoluta correspondiente a los empleados estatales”, y
consecuentemente consideran que el Ministerio está “vedado de despedir, en
forma ilegal y sin un acto administrativo – consecuencia de un sumario
administrativo previo- de un órgano competente que así lo determine”.
Asimismo, la nota hace referencia a las declaraciones
vertidas por autoridades del Ministerio de Justicia relacionadas con el despido
de “los ñoquis militantes” y expresa que evidencia “una conducta
discriminatoria por filiación política o ideológica”.
Con todo, intiman a que en un plazo de 24 horas deje sin
efecto los despidos y reintegre a las trabajadoras al puesto laboral, con el
consecuente abono de salario.
Los Centros de Acceso a la Justicia dependen del Ministerio
de Justicia de la Nación y son espacios para asesorar profesionalmente a la
comunidad, llegando a sectores vulnerados de la ciudad. La intención es garantizar
el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades en barrios y
localidades. Cuentan con equipos interdisciplinarios, compuestos por abogados,
psicólogos, trabajadores sociales y mediadores comunitarios.
En San Pedro, el CAJ tenía sede en el CIC pero como la
finalidad era que fuera intinerante, había logrado establecerse en localidades y
barrios como Río Tala, Bajo Tala, Doyle y La Tosquera. Allí habían realizado
asesoramiento jurídico gratuito, contención en casos de violencia de género,
otorgado 400 turnos para realizar el DNI y trámites migratorios, entre otras
acciones. Así, articularon su tarea con Registro Civil, Migraciones, Desarrollo
Humano, CDR, con la intención de que las personas en situación de
vulnerabilidad tuvieran un asesoramiento integral.
Por el momento, se espera una respuesta del Ministerio a la
nota remitida hoy por las trabajadoras. En tanto, se desconoce si el CAJ continuará
trabajando con nuevo personal o cerrará.
