La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -a través de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria- señalizará el próximo martes 7 de abril a las 11:30, en Bartolomé Mitre 1980, San Pedro, la Comisaría de la policía de la provincia de Buenos Aires.
El motivo es su funcionamiento represivo durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
Organizado por esta Secretaría junto a su par de la provincia de Buenos Aires, el Municipio, el Concejo Deliberante local y el Encuentro Regional por Memoria y Justicia de San Pedro, Baradero, Pergamino, San Nicolás y Rosario, el acto contará con la presencia de funcionarios nacionales, provinciales y municipales, sobrevivientes, familiares de detenidos-desaparecidos, organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas y sociales.
La Comisaría de San Pedro
En esta dependencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires, operó un centro de reclusión ilegal durante la última dictadura cívico-militar que asaltó los poderes del Estado entre 1976 y 1983.
Según consta en testimonios obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales, en este lugar permanecieron detenidos hombres y mujeres perseguidos por su militancia política, social y gremial, muchos de los cuales fueron trasladados a otros centros clandestinos de detención de la localidad de San Nicolás.
En esta comisaría se mantuvo secuestrados también a niñas y niños, durante el cautiverio de sus padres.
Las operaciones represivas en San Pedro eran comandadas desde el Batallón de Ingenieros de Combate 101, a cargo del Área Militar 132, bajo el mando de los tenientes coroneles Manuel Saint Amant (entre 1975 y 1977) y Norberto Ferrero (entre 1977 y 1979), cuya jurisdicción abarcaba ciudades como San Nicolás, Ramallo, Pergamino y Baradero, entre otras.
Señalizaciones
La señalización de los ex centros clandestinos de detención y otros sitios de memoria del terrorismo de Estado hace visible el impacto del plan sistemático de exterminio ejecutado por la última dictadura cívico-militar en todo el país y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos crímenes, impulsar el juzgamiento de sus responsables y aportar al reconocimiento y la reparación a las víctimas.
En aplicación de la ley N° 26.691 y a través de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria creada por decreto presidencial N° 1986/14, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación articula la gestión de políticas públicas de memoria entre el Poder Ejecutivo Nacional y las áreas estatales de derechos humanos provinciales y municipales de todo el país, con eje en la preservación y difusión de estos sitios por su valor testimonial y judicial, y en la creación y el sostenimiento de espacios públicos destinados al debate y la construcción colectiva de la memoria y la promoción de derechos.
