Con el recambio de más de 2200 luminarias LED, se redujo un 46% el consumo eléctrico urbano

  La Secretaría de Obras Públicas y en un trabajo coordinado con COOPSER, continúa con la ejecución del plan de modernización del alumbrado público que ya alcanzó la renovación de 2277 unidades en diversos sectores estratégicos de la ciudad. El programa de infraestructura urbana contempla la sustitución paulatina de los antiguos equipos de sodio y vapor de mercurio por artefactos con tecnología LED de última generación. Esta reconversión tecnológica permite optimizar el rendimiento lumínico en la vía pública, mejorar la visibilidad urbana y brindar un servicio de mayor eficiencia general.

La Cámara de Comercio celebró el rechazo de la Legislatura Bonaerense al uso obligatorio del posnet

El rechazo de la Legislatura Bonaerense al uso obligatorio del posnet en los comercios fue celebrado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que planteó la necesidad de “asegurar la libertad de cada empresario para adoptar los medios de cobranza y tecnología que considere más aptos para su actividad”. 
En una nota enviada por la CAC al Centro de Comercio e Industria, sostiene que realizaron “gestiones ante múltiples organismos en favor de las PyMEs de la Provincia de Buenos Aires, que resultarían perjudicadas en caso de que dicha obligación se hubiera aprobado”. 

Para la CAC, “muchos de los pequeños comercios de la Provincia de Buenos Aires no tienen la estructura necesaria para afrontar los costos vinculados con la operatoria de ventas con tarjeta de débito y/o crédito”. 
 Además, argumenta que “en el caso de las tarjetas de crédito, los plazos de pago a las empresas para las operaciones a pagar en cuotas por los consumidores se han extendido, en las principales emisoras, de 48 hs a 18 días hábiles (24 a 26 días corridos)”, lo que significa “un esfuerzo de financiamiento difícil de superar para las PyMEs de la Provincia de Buenos Aires”. 
Entre otras cuestiones, la nota enfatiza el apoyo de la CAC a “la transparencia y la formalización de las actividades productivas”, sostiene que “no es facultad del Estado exigir a las empresas utilizar mecanismos de pago que no sean la moneda de curso legal, y que es necesario asegurar la libertad de cada empresario para adoptar los medios de cobranza y tecnología que considere más aptos para su actividad”.