El síndico del Estado Nacional
ante Papel Prensa, Daniel Reposo, aseguró que existe la intención de vaciar la
empresa por parte de los representantes de Clarín y La Nación en el directorio, y
denunció "maniobras fraudulentas" en perjuicio de los intereses de la
empresa, la administración pública y de los compradores de papel.
"Existe una clara política de
vaciamiento de la empresa. Durante el 2012 se desvinculó de la empresa a 48
empleados, la mayoría gerentes que habían pasado la edad para jubilarse, y en
lo que va del 2013, se despidieron otros 10", dijo el síndico del Estado
ante Papel Prensa en dialogo con Télam.
Reposo agregó que "se
pagaron 4,2 millones de pesos en concepto de indemnizaciones", y denunció
que "en la mayoría de los casos se trató de empleados que ya habían pasado
la edad para jubilarse y que de acuerdo a la ley laboral no les correspondía
ese pago".
Tras constatar estas
irregularidades con documentación, Reposo informó al representante de las
acciones del Estado Nacional, el secretario de Comercio Interior, Guillermo
Moreno, para que analice acciones legales civiles y penales.
Según dijo, la denuncia ya fue
presentada también ante la
Comisión Nacional de Valores, que ahora deberá disponer
"las actuaciones sumariales" respecto a las responsabilidades de
quienes tienen a su cargo la administración de la sociedad, que son el gerente
general de la empresa, Jorge Noseda, y los directores pertenecientes al Grupo
Clarín y al diario La Nación".
"Se trata de un
significativo perjuicio económico para la sociedad y sus accionistas, entre los
que se encuentra el Estado Nacional, siendo éste un claro hecho de
administración fraudulenta, vaciamiento y corrupción perpetrado por Jorge
Noseda, quien responde desde sus inicios en 1978 a Héctor Magneto (CEO
del Grupo Clarín)", dijo Reposo.
La Sigen también solicitó que
"se designe veedores y se desplace a todos los integrantes de los órganos
societarios de la administración".
El Estado Nacional no participa
de las reuniones de accionistas de Papel Prensa porque no reconoce como
legítimo al resto del directorio, a los que denunció por haberse apropiado
"bajo tortura" de sus acciones en la empresa durante la dictadura
militar.
Reposo señaló como
"llamativo" que la mayoría de las
"desvinculaciones" corresponda a "gerentes" que
tienen muchos años en la empresa y que manejan información sensible, y sostuvo
que lo que se hizo fue "comprar sus silencios con indemnizaciones que se
dieron a cambio de confidencialidad".
Además, el síndico del Estado
recordó que esos gerentes serán llamados a declarar como testigos en el marco
de la causa que hace más de un año tramita la Justicia por la compra
"bajo tortura" de acciones de la empresa durante la dictadura.
"Es llamativo que estos
despidos se den en un momento en que la empresa necesita producir más y por lo
tanto invertir más", dijo, y recordó que en el balance del 2012 hubo
"un 92 por ciento menos de utilidades precisamente por estas
indemnizaciones".
