A una década del asesinato de Ariel Lido Gomila la familia pregunta "¿Algo cambió?"

  Se cumplen hoy diez años del homicidio del productor viverista Ariel Lido Gomila , un hecho que el 6 de febrero de 2016 conmocionó a la comunidad de San Pedro y puso de manifiesto la compleja relación entre la inseguridad rural, el narcotráfico y los sectores de poder. El crimen ocurrió durante la madrugada, cuando Gomila, de 77 años, regresaba a su vivienda en un establecimiento rural del paraje El Espinillo tras una cena en la ciudad. Al arribar junto a su esposa, advirtió que la puerta de entrada había sido violentada por delincuentes que se encontraban en el interior cometiendo un robo. En medio del enfrentamiento, el productor recibió un disparo que le provocó la muerte poco después.

La Mesa contra la Violencia exige medidas urgentes ante el ataque a una mujer policía

La Mesa Local de Violencia y Abuso de San Pedro emitió un comunicado en el que “repudia fuertemente lo ocurrido en nuestra ciudad, el día 16/9, por la mujer policía, quien fue brutalmente golpeada, por su marido y presuntamente un amigo de éste, ambos efectivos de la policía bonaerense”. 
El organismo insta a “dar cumplimiento efectivo al “Protocolo de Actuación Integral para Violencia de genero, maltrato y abuso infanto-juvenil”, aprobado bajo el numero de ordenanza 5986/12”. 

Además, reclaman contra “la lentitud del sistema judicial, la falta de intervención del Servicio Local, en forma inmediata habiendo menores en riesgo y la no intervención de Uceff en la contención de la victima y su entorno familiar ante tal trágica vivencia”. 
En otro párrafo, resaltan “que la violencia se encuentra en todos lados, en cualquier espacio que un ser humano pueda ocupar, enquistado en todos los sectores sociales, en todos los ámbitos donde se la deje entrar, permanecer y crecer”.
 La Mesa exige medidas “urgentes y ejemplificadoras” y pide que esta situación no sea tomada “como un hecho mas de violencia de genero, porque, paradójicamente, estamos hablando de un delito cometido por integrantes de la fuerza pública, quienes debieran resguardarnos y protegernos; funcionarios que, ante la orden de un juez deben intervenir en las exclusiones perimetrales, en las detenciones de agresores y protegiendo la integridad física de las victimas”.