Dictaron la falta de mérito para autoridades municipales en la causa por presunta contaminación del Río Paraná

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Nicolás resolvió decretar la falta de mérito en favor de autoridades actuales y anteriores de la Municipalidad de San Pedro, en el marco de una causa que investiga el presunto vertido de efluentes cloacales sin tratamiento en el Río Paraná, aunque ordenó una serie de medidas para profundizar la investigación y evaluar el impacto ambiental y sanitario de la situación  La resolución alcanza al intendente Cecilio Salazar y a los funcionarios Javier Hernán Silva, Ariel Hernán Álvarez, Mariano Brañas y Jorge Carlos Ponzio, quienes habían sido imputados por una supuesta infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. 

La Mesa contra la Violencia exige medidas urgentes ante el ataque a una mujer policía

La Mesa Local de Violencia y Abuso de San Pedro emitió un comunicado en el que “repudia fuertemente lo ocurrido en nuestra ciudad, el día 16/9, por la mujer policía, quien fue brutalmente golpeada, por su marido y presuntamente un amigo de éste, ambos efectivos de la policía bonaerense”. 
El organismo insta a “dar cumplimiento efectivo al “Protocolo de Actuación Integral para Violencia de genero, maltrato y abuso infanto-juvenil”, aprobado bajo el numero de ordenanza 5986/12”. 

Además, reclaman contra “la lentitud del sistema judicial, la falta de intervención del Servicio Local, en forma inmediata habiendo menores en riesgo y la no intervención de Uceff en la contención de la victima y su entorno familiar ante tal trágica vivencia”. 
En otro párrafo, resaltan “que la violencia se encuentra en todos lados, en cualquier espacio que un ser humano pueda ocupar, enquistado en todos los sectores sociales, en todos los ámbitos donde se la deje entrar, permanecer y crecer”.
 La Mesa exige medidas “urgentes y ejemplificadoras” y pide que esta situación no sea tomada “como un hecho mas de violencia de genero, porque, paradójicamente, estamos hablando de un delito cometido por integrantes de la fuerza pública, quienes debieran resguardarnos y protegernos; funcionarios que, ante la orden de un juez deben intervenir en las exclusiones perimetrales, en las detenciones de agresores y protegiendo la integridad física de las victimas”.