Salazar intimó al Sindicato de Trabajadores Municipales para que desaloje su sede

  El conflicto entre el Ejecutivo municipal de San Pedro y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) sumó un nuevo capítulo tras la intimación enviada por el intendente Cecilio Salazar para que la organización gremial desaloje su histórica sede de la calle Rivadavia. La medida, oficializada a través de una notificación legal, fundamenta el pedido de restitución del inmueble en razones de "interés público". Según la postura de la administración local, el edificio pertenece al patrimonio municipal y se requiere su disponibilidad para fines institucionales, otorgando un plazo perentorio para la entrega de las llaves.

Reunión de distintos sectores para actuar contra la violencia de género y el abuso infantil

El Viernes 16, a las 9.30, se realizará en el Salón Dorado de la Municipalidad una importante reunión con el objetivo de delinear un protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género o abuso infantil.
El objetivo, explicó la concejal Noemí Bordoy, es que “todos los ciudadanos de San Pedro sepan como actuar en caso de detectar una situación de violencia, no solamente contra las mujeres, sino también hacia los niños”.
La edil señaló que, si bien en San Pedro no están disponibles aún las estadísticas, a nivel general el 75 % de los hogares presenta algún caso de violencia.
La convocatoria es abierta a toda la ciudadanía, aunque se hace especial hincapié en los sectores de la sociedad que tienen un mayor contacto con los protagonistas de estos episodios.
“Debido al gran incremento de casos de, violencia de genero, maltrato , abusos de niños, (fìsico, psicologico y sexual) , que se han producido en nuestra ciudad, y que los mismos podrían desembocar en femicidios y femicidios vinculados, y deseando conocer en profundidad, todas las actuaciones que se vienen dando desde las distintas esferas vinculadas al tema, es que hemos visto la necesidad de aunar esfuerzos” indican en la convocatoria.
De tal forma, se invitó a “todos los actores sociales, institucionales, municipales, judiciales, policiales, docentes, parroquiales, católicos sociales, profesionales, medios radiales, televisivos, gráficos, ONG’s, y ciudadanos que han estado y pueden estar en contacto con victimas, a fin de delinear “un protocolo común de actuación” en casos de detección de la violencia”.