Obras de mejora en Centros de Jubilados con aportes provinciales

Las gestiones concretadas por el intendente Cecilio Salazar ante el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, permitieron al Municipio de San Pedro destinar un total de $2.600.000 a diversas instituciones de la tercera edad. La inversión beneficia directamente a las sedes de San Pedro, Los Aromos, Río Tala y Vuelta de Obligado. Los fondos fueron asignados a través del programa Mayores Bonaerenses Activos, en el marco de un convenio celebrado entre la comuna y la cartera provincial. Esta iniciativa busca fortalecer el funcionamiento diario de los centros mediante obras edilicias, refacciones estructurales y la compra de equipamiento clave para la atención de sus socios. Para supervisar el estado de los trabajos, el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, junto a la directora de Adultos Mayores, Silvia Triñanes, realizaron un recorrido por las sedes de San Pedro, Los Aromos y Río Tala, donde dialogar...

Aprueban un proyecto para agilizar la respuesta judicial en casos de violencia familiar

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de ley que garantiza el acceso de las víctimas de violencia familiar a la justicia en términos de gratuidad, inmediatez, respuesta oportuna y rápida.
La iniciativa, que deberá ser tratada por el Senado, modifica una serie de artículos de la ley de violencia familiar y fue elaborada por la legisladora del FPV-PJ Claudia Prince.
La norma define a la violencia familiar como toda acción, omisión o abuso que afecte la vida, libertad, seguridad personal, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de una persona en el ámbito familiar aunque no configure delito.
Además, incorpora una serie de medidas preventivas urgentes que pueden adoptar los órganos judiciales ante los cuales se radique la denuncia, independientemente de su competencia.
Entre otras cuestiones, el proyecto busca con esas medidas brindar protección en materia económica, preservar los bienes gananciales o los comunes de la pareja conviviente, y prohíbe enajenarlos, disponerlos, destruirlos, ocultarlos o trasladarlos.
También otorga el uso exclusivo a la mujer por el período que estime conveniente del mobiliario de la casa e incorpora la figura de asistencia protectora de la víctima durante todo el proceso.
En el proyecto se aclara la característica de la audiencia a la que debe convocar el juez interviniente al señalar que “debe tomarse personalmente bajo pena de nulidad y quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación”.
En cuanto a prueba, principios y medidas, rige el principio de la amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados y la evaluación, de acuerdo al principio de la sana crítica.
Prince explicó que “el respaldo parlamentario a la propuesta representa un gran paso para que definitivamente la violencia familiar se enfoque como cuestión pública en la que el Estado debe intervenir para prevenirla y erradicarla”.
“Este proyecto salda deudas pendientes como el funcionamiento articulado de poderes, en lo público y lo privado, intra e interinstitucional, interdisciplinario y con enfoque de género, para un abordaje integral e integrado de la problemática”, dijo la legisladora.