El Dr. Claudio Mozzi, Asesor Letrado de la delegación San Pedro del Ministerio de Trabajo, fue trasladado en las últimas horas a la delegación de Baradero.
Mozzi brindó una conferencia de prensa esta mañana, junto al Secretario General de ATE, Marcelo Marelli, en la que anunció su rechazo a la disposición del Ministerio.
El abogado consideró que el origen de esta determinación fue su trabajo en su trabajo como patrocinador jurídico de una trabajadora de UATRE que derivó en un acuerdo por el que el gremio debió pagar una indemnización.
“El año pasado arribamos a una sentencia a través de un acuerdo y UATRE paga la indemnización que reclama la trabajadora. Para mi esto ha motivado el enojo de algún dirigente, que desde fines del 2008, cuando estuve al frente del Ministerio, no escatimó en enviar notas y denuncias para que me removieran, cosa que ocurrió en noviembre de 2009 cuando me remueven antes de nombrar a la actual delegada” explicó Mozzi.
Sobre su relación con la Dra. Paula Taurizano, expresó que “vino con preconceptos hacia mi persona, porque creo que los gremios la habían asesorado en tal sentido”.
Mozzi inscribió su traslado en la misma situación que originó las medidas aplicadas contra la trabajadora María Alegre y el inspector Bouny, ambos cuestionados por los gremios luego de las denuncias por violencia laboral contra la delegada.
“El traslado es totalmente arbitrario e ilegítimo porque no está fundamentado en las razones que exige la ley, sino por razones de servicio y hay jurisprudencia de que la mera invocación de razones de servicio no son suficientes” explicó el asesor letrado. “Me están perjudicando económica y moralmente. No tengo movilidad para ir a Baradero lo que me provoca otro perjuicio. Esta medida es arbitraria. Provocada por una desviación de poder, que es producto de la reunión de las autoridades de los gremios con las autoridades del ministerio” puntualizó el abogado.
Si bien reconoció que cumplirá con la medida, anticipó que adoptará medidas para reclamar por sus derechos: “No tengo otra posibilidad que acatarlo, porque está en vigencia. Pero voy a interponer los recursos administrativos, y si en el plazo de treinta días no se revoca la medida voy a recurrir a la Justicia para que revise este acto administrativo, irracional, arbitrario y por estar originado en una desviación de poder”.
