Juan José Costa, gerente de “Constructora J&J SRL” presentó en la Municipalidad de San Pedro, por intermedio de su abogado, una nota en la que reclama que se haga entrega de una copia certificada “de la integridad de las actuaciones administrativas” vinculadas con la licitación de la obra para la construcción del Jardín de Infantes del barrio Banfield.
En la nota, Costa y su letrado, el Dr. Benito Aldazabal, señalan que la rescisión del contrato de locación de obra invocando “razones administrativas” presenta argumentos “falaces, carentes de oportunidad, inexistentes y en su generalidad arbitrarias, producto de un accionar administrativo ilegítimo de funcionarios a cargo de la tramitación de las actuaciones y que serán debidamente ameritadas en sede judicial”.
En diálogo con el programa radial “La Mañana de APA”, Aldazabal señaló que “aquí hay una licitación que se adjudicó, se le anticipo el dinero necesario para el el inicio de las obras y toda la documentación estaba presentada”.
Para el abogado, por razones “eminentemente políticas, se comenzó a hostigar a la empresa y a demorar el acto administrativo de obras”.
El patrocinante de las acciones que se iniciarán contra el Municipio explicó que “la empresa estaba esperando que se dictara ese acto administrativo que finalmente no se dictó y se concluyó dictando el decreto por el que se da por concluida la obra”. A su entender “hay gravísimas irregularidades administrativas, que serán puestas en conocimiento de la Justicia”.
Limpieza barbierista
La acción con la que se iniciarán las actuaciones judiciales será una “Demanda de pretensión anulatoria”, para la que se requirieron, desde la empresa, todos los documentos que formaron parte del proceso de licitación, firma de contrato y posterior rescisión del mismo. “Necesitamos que nos hagan llegar copia íntegra de las actuaciones porque esa es la prueba documental que vamos a esgrimir ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo. Consideramos que la actuación es contraria a derecho y vamos a pedir una indemnización por los daños ocasionados” dijo Aldazabal.
El abogado sostiene que hay motivos políticos detrás de la decisión adoptada por el Ejecutivo Municipal: “Hay una suerte de orden de limpieza barbierista en el Municipio que es un hecho público y notorio, que está reflejado en los distintos actos que se han venido adoptando. A esta empresa la han considerado también, en alguna medida, con alguna relación con el anterior gobierno, y por eso hicieron esto”.
