La CNRT interceptó un transporte ilegal en San Pedro que circulaba con bultos en los pasillos y sin habilitación

  La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) interceptó y desafectó un ómnibus que realizaba un servicio ilegal de pasajeros sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad bonaerense de San Pedro, tras detectar gravísimas irregularidades técnicas y de seguridad que ponían en riesgo la integridad de las personas a bordo. El operativo de fiscalización se desarrolló en el kilómetro 153 de la mencionada traza vial, donde agentes del organismo nacional detuvieron la marcha de una unidad que se dirigía hacia la Ciudad de Buenos Aires. Durante la inspección, los fiscalizadores constataron que el vehículo trasladaba una gran cantidad de bultos y mercadería —presuntamente destinada a la comercialización— depositada tanto en los pasillos como sobre los asientos, lo que obstruía completamente la circulación interna y anulaba cualquier posibilidad de evacuación ante una emergencia.

Desabastecimiento total de gas envasado en San Pedro por paro de empleados del sector


El paro por tiempo indeterminado dispuesto por la Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privados (Faspygp) provocó el desabastecimiento de garrafas de gas en la zona, según confirmaron las fraccionadoras y distribuidoras.
Javier Cosentino, de Rapigas, adelantó que poseen un stock muy bajo, que se acabará en las próximas horas. En tanto, Miguel Ledesma, de Ledesma Gas, informó que ya no cuentan con unidades de gas envasado para su distribución.
Los trabajadores alineados en el gremio de Faspygp reclaman un incremento salarial de 25 pesos por día (unos 750 pesos al mes) y un aumento salarial de 1.500 pesos a pagar en cuotas.
En abril pasado, el sindicato firmó un acuerdo salarial con la patronal en la que sellaron un 16,5 por ciento de aumento a pagar en dos partes: un 7,5 por ciento en agosto y un 9 en octubre. Pero el reclamo se renovó entre los trabajadores porque al terminar de cobrar el incremento salarial firmado en abril pasado consideraron que el aumento de la canasta básica de alimentos y la inflación había licuado la recomposición que habían obtenido.
Desde el sindicato advierten que las empresas se niegan a pagar el aumento que reclaman con el argumento de que el gobierno nacional les impide aumentar el precio de la garrafa. Actualmente una de 10 kilos tiene un precio de entre 22 y 25 pesos.
Cosentino y Ledesma, representantes locales de las distribuidoras, coincidieron en que el precio de esa garrafa debería incrementarse hasta los 30 pesos.