El bloque de concejales Nuevos Aires presentó en el Honorable Concejo Deliberante de San Pedro un proyecto de ordenanza que busca declarar de utilidad social y sujeto a protección ambiental y urbanística a la totalidad de los terrenos ribereños públicos ubicados sobre la vera del riacho San Pedro. La iniciativa, impulsada por los ediles Belén Santos, Paola Basso y Damián Mosquera, surge ante la necesidad de regular el uso de las tierras linderas al agua, garantizar el acceso público y promover el desarrollo urbano sostenible en la jurisdicción.
En los fundamentos de la propuesta, los autores señalaron que las costas constituyen un patrimonio natural, ambiental y recreativo invaluable para la comunidad, al tiempo que advirtieron sobre un incremento en la ocupación ilegal, usurpación y utilización indebida de terrenos fiscales y privados en las zonas adyacentes al curso de agua. Según explicaron los legisladores locales, estas acciones vulneran el ordenamiento territorial, generan graves riesgos para el ecosistema ribereño y bloquean el libre tránsito de los ciudadanos, lo que fundamenta la intervención del Municipio a través del ejercicio de sus atribuciones de control y preservación del medio ambiente.
El proyecto normativo establece entre sus objetivos principales la prevención inmediata de las usurpaciones, la preservación de la biodiversidad fluvial y la garantía del libre acceso a la ribera mediante la continuidad del camino de sirga, en conformidad con la legislación nacional vigente. Para asegurar este cumplimiento, el texto plantea la prohibición estricta de instalar viviendas precarias o estructuras edilicias temporales, levantar cercamientos o alambrados que impidan el paso hacia la costa, y volcar residuos, escombros o efluentes contaminantes que alteren el curso natural del agua o destruyan la flora y fauna autóctona.
De ser aprobada la ordenanza, las secretarías de Gobierno y de Obras y Servicios Públicos actuarán como autoridades de aplicación. En este sentido, se facultará al Departamento Ejecutivo a intimar la desocupación inmediata y la remoción de cualquier estructura ilegal detectada, quedando autorizado a paralizar obras y a solicitar el auxilio de la fuerza pública o la intervención de la justicia competente en caso de ser necesario.
La propuesta contempla la creación del Registro Municipal de Tierras de la Ribera del Riacho con el fin de realizar un relevamiento catastral estricto del estado de dominio de cada parcela pública, privada o concesionada. Las infracciones a las disposiciones de la norma serán penadas con multas determinadas por el Juzgado de Faltas local, junto con la obligación de restituir el predio a su estado natural a costa del infractor y la posible inhabilitación para ejercer actividades comerciales en el partido.
