Con un alto nivel de acatamiento se desarrolla este martes la jornada de paro convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, una medida de fuerza de alcance provincial que paralizó la actividad en la gran mayoría de los establecimientos educativos de la región.
En el distrito de San Pedro, las primeras estimaciones de las organizaciones sindicales hablan de un 98 por ciento de acatamiento. El panorama en las escuelas locales refleja múltiples edificios cerrados y otros que abrieron sus puertas con la presencia de solamente uno o dos docentes en sus puestos de trabajo.
La secretaria general de la Unión de Educadores Bonaerenses (adherida a FEB), Fernanda Sendón, analizó el escenario actual en declaraciones formuladas al programa local "Equipo de Radio" y sostuvo que el reclamo excede lo estrictamente salarial, aunque reconoció que en los últimos meses los ingresos vienen perdiendo de manera constante frente a la inflación.
"En realidad no es solamente la situación salarial la que estamos viviendo, sino la implementación del acuerdo paritario de resguardo y reparación por los hechos de violencia que se viven en todas las instituciones del país, de la provincia y de San Pedro", expresó la dirigente gremial. Al respecto, enfatizó sobre las condiciones de trabajo actuales en las aulas: "Es muy difícil hoy estar en las escuelas, que son un reflejo de una sociedad violenta y con muchas carencias. La escuela no es ajena a eso. Se requiere un protocolo de acción porque el que estamos usando es del año 2010 y quedó obsoleto. En ese protocolo se abordan muchas situaciones pero no la realidad actual".
Por su parte, Alejandro Ansaloni, de SUTEBA San Pedro, planteó un escenario más complejo para lo que viene: "Somos cada vez menos optimistas con respecto a la capacidad que tenga el gobierno provincial de poder compensar el deterioro del poder adquisitivo del salario docente. Más allá de los fallos judiciales, el gobierno nacionals igue desoyendo y no envía los fondos coparticipables. Tampoco envía lo que le corresponde a las universidades públicas",
La protesta impulsada por los gremios AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA se fundamenta en un fuerte cuestionamiento a las políticas nacionales y provinciales. A través de un documento conjunto, las organizaciones denunciaron que desde la órbita de la Nación se produce un enorme ahogo financiero a la provincia de Buenos Aires, sumado a un ajuste brutal en la educación pública y un grave clima de violencia en todo el país. Ante este panorama, señalaron que la huelga se adoptó frente a la falta de respuestas a demandas históricas del sector.
Entre los principales puntos del pliego de reclamos comunitarios, los sindicatos exigen un abordaje multisectorial y urgente ante los reiterados hechos de violencia escolar. Para ello, demandan la plena implementación del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación, un protocolo complementario actualizado, la realización de Jornadas Institucionales y la aplicación de la legislación vigente para penalizar delitos y contravenciones, instando al Estado provincial a adoptar medidas efectivas que garanticen la integridad psicofísica de docentes y alumnos.
En materia económica, los gremios demandan una propuesta salarial que permita recomponer el poder adquisitivo. La exigencia se dirige tanto al Gobierno nacional, mediante el reclamo por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), como al Ejecutivo provincial, a quien le requieren la convocatoria urgente a mesas paritarias.
El documento también visibiliza la denuncia por la sobrecarga de tareas que enfrentan los trabajadores de la educación, planteando la necesidad de garantizar la desconexión total y modificaciones en el Régimen Académico para evitar la naturalización del incremento de la jornada laboral. Asimismo, ante los índices de baja natalidad, exigen que ningún docente se quede sin trabajo, para lo cual solicitan la derogación de las Resoluciones 3367 y 333.
El frente gremial incorporó demandas de carácter presupuestario, previsional y asistencial. En ese sentido, exigen al Gobierno nacional la restitución del presupuesto para el financiamiento de la Escuela Técnico Profesional para evitar su desfinanciamiento. A su vez, manifestaron preocupación por los intentos de reforma al régimen previsional de la Nación que impactarían negativamente en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en los derechos jubilatorios, al tiempo que demandaron al Estado provincial que la obra social IOMA garantice prestaciones médicas adecuadas y oportunas para todo el universo de docentes bonaerenses.
