Oscar Silva, directivo de COOPSER, aclaró que el proyecto del Gobierno nacional para recortar el fondo compensador a las cooperativas eléctricas no tendrá un impacto directo en San Pedro, aunque advirtió sobre el trasfondo político de la medida. Las declaraciones del dirigente se alinean con el rechazo de la administración provincial de Axel Kicillof, que ya anticipó que recurrirá a la vía legal si la iniciativa prospera en el Congreso.
En diálogo con el programa "Equipo de Radio", Silva explicó el funcionamiento de la normativa vigente y defendió el sentido solidario del sistema. "Es parte de una ley nacional en donde se cobra un porcentaje a los efectos de que ese dinero sea destinado a las cooperativas de menores recursos. Si vos tenés una cooperativa con tres empleados y 200 usuarios es muy difícil mantenerla", señaló el directivo, diferenciando la escala de San Pedro respecto de los pequeños distritos que dependen exclusivamente de estos subsidios cruzados para subsistir.
El representante de COOPSER contrapuso la lógica histórica de la distribución eléctrica con la visión de la actual gestión central. "En el sistema federal que gobernó este país, muy distinto a este sálvese quien pueda, se interpretó esa compensación que sale de todos los aportantes al sistema. Es como que la persona que vive al lado de una estación transformadora quiera pagar menos porque tiene menos metros de línea que el que vive en el último extremo de San Pedro", ejemplificó Silva, para luego precisar que a la entidad sampedrina el beneficio le llegó "en un par de oportunidades", pero ratificando que el instrumento está diseñado "para cooperativas más pequeñas" y que "la única forma en que le llega la energía a algunos vecinos es con un fondo compensador".
La postura local coincide con las fuertes críticas vertidas desde el Poder Ejecutivo bonaerense. El subsecretario de Energía de la provincia, Gastón Ghioni, calificó la iniciativa oficial como "inconstitucional" y acusó al Ejecutivo nacional de "ignorancia" respecto del funcionamiento del entramado eléctrico en territorio bonaerense. Ghioni detalló en conferencia de prensa que este esquema solidario opera desde 1996 mediante aportes de grandes distribuidoras hacia un centenar de cooperativas de menor escala del interior que, de otra manera, no podrían brindar el servicio. Ante este panorama, el funcionario advirtió: "Si el pueblo al lado tiene que pagar cinco o seis veces más, lo tendrá que hacer, pero nosotros vamos a recurrir".
Por su parte, Silva vinculó el recorte de fondos a una estrategia de presión política hacia las administraciones provinciales y municipales. "No tengo dudas de que aparte de no pagar lo que tienen que pagar, Nación le recorta fondos a las provincias para que cuando los legisladores tienen que votar tenga con qué negociar", afirmó, y remató: "La idea es fundir a todos los gobiernos y después ofrecer la propia plata que les corresponde a los intendentes o gobernadores".
El directivo analizó el impacto que el cambio de esquema y la quita de subsidios nacionales genera en el bolsillo de los usuarios residenciales. "Nosotros lo vemos a diario con los incrementos tarifarios. Creo que la gente entendió que no es COOPSER la que aumenta la tarifa eléctrica. En algún momento la tarifa estuvo subsidiada casi en un 60%, hoy es mucho menos, creo que un 20%. De eso hablamos, de retirar dinero que ponía el Estado para que la gente pueda llegar con sus ingresos a fin de mes y gastar", concluyó.
