A partir del próximo 1º de agosto, los productores apícolas de todo el territorio nacional estarán obligados a gestionar el Documento de Tránsito electrónico (DT-e) previo a realizar cualquier movimiento de material, según lo dispuesto por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). La medida, impulsada bajo la gestión de María Beatriz Giraudo, generó un fuerte rechazo en el sector, que califica la iniciativa como un retroceso burocrático.
Desde el organismo sanitario explicaron que el objetivo es fortalecer el sistema de trazabilidad apícola a través de una simplificación operativa dentro del Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA). Bajo esta nueva modalidad, los titulares de apiarios deberán emitir el documento de forma digital, el cual deberá ser cerrado por los responsables de las salas de extracción para dar por concluido el traslado del material.
Sin embargo, la implementación de este trámite reavivó el conflicto con las entidades rurales. La comisión apícola de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestó su oposición explícita, recordando que este cambio ya había sido rechazado durante la reunión del Consejo Nacional Apícola en junio de 2024. Según los productores, el sistema actual de trazabilidad (SITA) ya cumple con todas las exigencias de los compradores internacionales, por lo que no encuentran una justificación técnica para la modificación.
A través de un comunicado titulado “DT-e Apícola, el aguijón del Estado burócrata una vez más”, CARBAP cuestionó la coherencia de la medida con el discurso oficial de simplificación estatal. La entidad gremial advirtió que la imposición del trámite online ignora la realidad operativa de los productores y las deficiencias de conectividad que persisten en gran parte de las zonas rurales del país.
Para los apicultores, la medida representa una carga administrativa "inconsulta e intempestiva" que, lejos de facilitar el mercado de la miel, suma obstáculos a la dinámica diaria de trabajo. Desde el sector exigen que se revise la resolución antes de su entrada en vigencia, señalando que el SENASA parece desconocer la metodología de producción al priorizar procesos digitales en contextos donde la estabilidad de las comunicaciones es nula o deficiente.
