La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro expresó su
profunda preocupación ante las recientes disposiciones del Gobierno Nacional que autorizan el registro, la comercialización y la fiscalización de
cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado y bolsas de nicotina. A través de un comunicado oficial, la cartera sanitaria local calificó la medida como un
retroceso en salud pública, alertando sobre el impacto directo que esto tendrá en la población infantojuvenil.
Las autoridades sanitarias sampedrinas advirtieron que esta decisión facilita el acceso de niñas, niños y adolescentes a productos que generan una fuerte dependencia y que no son inocuos. En ese sentido, recordaron que la nicotina afecta el desarrollo cerebral en la adolescencia, incrementa los riesgos cardiovasculares y puede producir daños severos durante el embarazo. En el caso de los dispositivos inhalados, señalaron que el consumo compromete seriamente las vías respiratorias y los pulmones.
Desde la Secretaría subrayaron que estos dispositivos utilizan estrategias comerciales, sabores y diseños atractivos que fomentan la curiosidad y la experimentación temprana. "La salud de la población, y especialmente la protección de las infancias y adolescencias, debe estar por encima de cualquier interés comercial", remarcaron, haciendo hincapié en la necesidad de priorizar el principio de prevención ante productos cuyos efectos a largo plazo aún generan incertidumbre científica.
Ante este panorama, el municipio de San Pedro decidió acompañar formalmente el pedido de diversas organizaciones científicas para que el Ministerio de Salud de la Nación y la ANMAT suspendan los efectos de la Resolución N.º 549/2026 y la Disposición N.º 2543/2026. El reclamo exige que se realice una evaluación integral del impacto sanitario con la participación de sectores públicos, científicos e independientes antes de avanzar con la normativa.
Finalmente, el área de Salud consideró indispensable que cualquier regulación futura se fundamente en el fortalecimiento de las políticas públicas. Para ello, propusieron un esquema basado en la prevención del inicio del consumo, la promoción de la cesación tabáquica apoyada en evidencia y la transparencia absoluta frente a los intereses de la industria del tabaco, reafirmando su compromiso con la protección de la comunidad y la promoción de hábitos saludables.
