La vicegobernadora bonaerense,
Verónica Magario, junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad,
Andrés Larroque, y un nutrido grupo de jefes comunales, entre ellos el
Intendente, Cecilio Salazar, se movilizaron este miércoles hacia el
Ministerio de Capital Humano para exigir el envío de fondos adeudados por la Nación destinados a la asistencia alimentaria escolar. La medida tuvo como fin visibilizar el recorte presupuestario en el sector y formalizar el reclamo ante la cartera que conduce
Sandra Pettovello.
La jornada comenzó con una concentración en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezada por Fernando Espinoza, donde los mandatarios locales, incluido Salazar, firmaron un documento conjunto expresando su preocupación por el desfinanciamiento de programas básicos. Posteriormente, los dirigentes se trasladaron a la dependencia nacional, donde se encontraron con las puertas cerradas por disposición de la Policía Federal y un cartel que cuestionaba la capacidad de administración provincial.
Durante la manifestación, Larroque calificó la situación como un "desfinanciamiento inédito" y señaló que, frente a una inflación del
40%, el presupuesto nacional para el
Servicio Alimentario Escolar (SAE) solo contempla un incremento del
4%. La participación de
Cecilio Salazar junto a sus pares de la región subraya la preocupación de los distritos del interior bonaerense ante la caída de la asistencia nacional, que afecta tanto al sistema escolar como a los comedores comunitarios.
Tras la movilización, el
Intendente de San Pedro se expresó a través de sus redes sociales para ratificar el reclamo por la deuda que el gobierno nacional mantiene con la provincia por el
Servicio Alimentario Escolar, la cual cifró en más de
220.000 millones de pesos. "Exigimos respuestas y el cumplimiento de las obligaciones que impactan directamente en nuestros municipios y en nuestros vecinos", manifestó
Salazar, quien concluyó su mensaje con una fuerte crítica a la gestión central: "Hacete cargo. Con la comida de nuestros chicos no se juega".
Por su parte, la vicegobernadora Magario alertó sobre la gravedad de la situación social y cuestionó la falta de inversión estatal en los barrios. El reclamo se fundamenta en un contexto de demanda alimentaria creciente, agravado por la reciente decisión de la provincia de suspender el programa
MESA debido a la falta de financiamiento por parte del Ejecutivo nacional, situación que impacta directamente en las comunidades administradas por los intendentes presentes en la marcha.
