El diputado provincial Oscar Liberman, del bloque La Libertad Avanza, presentó en la Legislatura un proyecto de ley para prohibir la utilización de dispositivos móviles en los penales de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, denominada "Ley Rodrigo", contó con el asesoramiento de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y del juez de Cámara Carlos Pagliere (h).
El articulado propone derogar la Resolución 476/20, que habilitó el uso de celulares durante la pandemia de Covid-19. De aprobarse la norma, las comunicaciones de los internos deberán realizarse exclusivamente a través de teléfonos fijos o dispositivos provistos y supervisados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
La regulación establece un límite de dos horas diarias para las comunicaciones, las cuales se llevarán a cabo en espacios habilitados bajo custodia del personal penitenciario. Además, el proyecto dispone la instalación obligatoria de sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía y datos en los sectores de alojamiento de los detenidos.
El texto prevé un procedimiento de implementación que otorga 10 días hábiles para notificar a la población carcelaria, tras lo cual los internos tendrán 24 horas para entregar los equipos en su poder. Posteriormente, se realizarán requisas diarias para secuestrar dispositivos no declarados y aplicar las sanciones correspondientes.
Liberman fundamentó la propuesta en la necesidad de evitar que se coordinen delitos desde el interior de las unidades penitenciarias. En su presentación, el legislador señaló que el Estado debe asegurar que el régimen de encierro cumpla su función de seguridad y no facilite la continuidad de actividades delictivas.
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