La fiscal federal María Alejandra Mángano solicitó la elevación a juicio de una causa por trata de personas que tuvo como escenario clave a San Pedro, donde un operativo de Gendarmería Nacional logró rescatar a una adolescente de 15 años que era trasladada hacia el norte del país para ser utilizada como "correo humano" del narcotráfico en Perú.
El 18 de septiembre de 2025 en el kilómetro 152 de la Ruta Nacional 9, efectivos de Gendarmería interceptaron un ómnibus que cumplía el trayecto Once-San Salvador de Jujuy. Durante el procedimiento, se identificó a una menor de edad en situación de extrema vulnerabilidad que viajaba junto a un hombre de 34 años y su madre de 53, ambos de nacionalidad peruana.
La intervención inicial fue coordinada por la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, que dispuso el traslado inmediato de la víctima y los sospechosos a la guardia del Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa". En el centro asistencial se realizaron estudios radiográficos para determinar si los involucrados habían ingerido cápsulas con estupefacientes, una práctica habitual en el tráfico transnacional de drogas.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, los imputados habrían captado a la adolescente en el barrio Padre Mugica (ex Villa 31) de Retiro, aprovechando su situación de calle y consumos problemáticos. Bajo la falsa promesa de unas "vacaciones" en Perú, el plan consistía en trasladarla al país vecino para que ingiriera cápsulas o se sometiera a injertos subcutáneos de droga, para luego reingresarla a la Argentina como "mula".
La fiscal Mángano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, encuadró el hecho como trata de personas con fines de explotación, asimilando la figura del "correo humano" a una forma de reducción a la servidumbre. El principal acusado enfrenta, además, cargos por abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores, delitos que habrían ocurrido durante el periodo de captación previo al viaje.
La investigación determinó que, durante el trayecto hacia el norte, la adolescente intentó desistir de la maniobra, lo que motivó amenazas de muerte por parte de sus captores. "Si hacés las cosas mal, podés terminar en un cajón", fue una de las frases intimatorias registradas en la causa.
Tras el operativo en San Pedro, la causa pasó por el Juzgado Federal de Garantías N°2 de San Nicolás, donde se dictó la prisión preventiva de los acusados antes de que el expediente fuera remitido a la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el futuro debate oral, el Ministerio Público Fiscal adelantó que solicitará una reparación económica para la víctima, quien actualmente se encuentra bajo programas de asistencia y resguardo.
Para la fiscal Mángano —quien es una de las titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)—, tanto la captación como el traslado de la víctima tenían como fin último su explotación. “El objetivo era llevarla al extranjero para que ingiriera estupefacientes o se le realizaran injertos cutáneos, para luego reingresarla a Argentina —supuestamente en una camioneta— como correo humano”. En ese sentido, remarcó que “el viaje a Perú no tenía un propósito recreativo, sino que la víctima era considerada por los imputados como un mero instrumento para el tráfico transnacional de estupefacientes”.
Asimismo, la representante del MPF destacó que la declaración de la damnificada en Cámara Gesell fue “determinante” para acreditar la finalidad de explotación, “consistente en su utilización como medio para el transporte de estupefacientes en el marco de una actividad criminal organizada, reduciendo su cuerpo a un instrumento al servicio de dicha maniobra, detallando incluso los métodos (ingesta o injertos cutáneos) mediante los que aquello podría concretarse, que le fueron explicados directamente por el imputado. Incluso refirió que un familiar del imputado, que sería médico, se encargaría de llevar adelante este tipo de intervenciones”.
En otro orden, Mángano señaló que los informes migratorios revelaron que ambos imputados “poseen múltiples entradas y salidas del país no registradas, lo que da cuenta que utilizan rutas clandestinas con asiduidad para cruzar la frontera entre territorios nacionales, lo que es muy usual en el tráfico de personas y estupefacientes”.
