La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó su "duro rechazo" a la reciente medida del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que desregula la aplicación de la vacuna contra la fiebre aftosa, al considerarla una decisión "inconsulta" y carente de "justificación técnica o económica".
La entidad que preside Ignacio Kovarsky salió al cruce de la Resolución 201/2026, mediante la cual el organismo nacional modificó el esquema de vacunación de ganado bovino y brucelosis. La nueva normativa faculta a los productores inscritos en el Renspa a elegir libremente a un veterinario privado acreditado para la compra, conservación y aplicación de las dosis, desplazando el rol central que históricamente ocuparon las fundaciones sanitarias.
Desde Carbap recordaron que estas fundaciones fueron figuras determinantes para superar los brotes de la enfermedad en 2001 y 2006, logrando consolidar un sistema que "aparece hoy como robusto". En ese sentido, la confederación advirtió que informes del propio Senasa muestran actualmente una "ausencia de circulación viral y niveles de inmunidad poblacional más que adecuados", lo que vuelve "inoportuno" cualquier cambio estructural.
A través de un comunicado oficial, la entidad ruralista denunció que la modificación se pretende implementar mediante un acto administrativo "sin evidencias económicas que lo respalden" y en medio de una campaña de vacunación en curso. Asimismo, lamentaron que la medida haya evitado la discusión en los ámbitos institucionales correspondientes.
"Resulta preocupante que la medida haya evitado la discusión técnica en ámbitos como la Conalfa y las Coprosas, que son precisamente los espacios previstos por la normativa para debatir este tipo de cuestiones", señalaron desde la confederación que nuclea a decenas de sociedades rurales bonaerenses y pampeanas.
En otro tramo de su descargo, Carbap rebatió los argumentos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, respecto a un supuesto beneficio económico para los productores. Según la entidad, el costo de la dosis aplicada equivale hoy a menos de 600 gramos de novillo, una cifra sensiblemente inferior al promedio histórico de un kilo.
La entidad detalló que las fundaciones suelen absorber gastos de administración, alquiler o electricidad, permitiendo ofrecer costos menores que una estructura privada independiente. "Cada fundación, ente o veterinario particular tiene su propia estructura de costos", explicaron, tras lo cual plantearon interrogantes sobre la operatividad de la nueva norma: "No se establece quién será responsable de garantizar que la vacunación se realice en tiempo y forma, ni quién asegurará la cobertura en los establecimientos de menor escala".
