La confirmación del fin del programa nacional "Volver al Trabajo" generó un impacto inmediato en la economía social de San Pedro, donde trabajadores y trabajadoras de la economía popular verán extinguidos los 78.000 pesos mensuales que percibían como complemento a sus tareas territoriales. El cierre del esquema de transferencias directas, que el Gobierno Nacional reemplazará por capacitaciones no remuneradas, afecta la estructura de ingresos de cooperativas de reciclado, comedores comunitarios y espacios de primera infancia del distrito.
Desde los sectores nucleados en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) local detallaron que la medida desarticula una ingeniería salarial que permitía la subsistencia de servicios esenciales en los barrios. Un caso testigo es el de las trabajadoras del espacio de niñez "La Colmenita", quienes conforman su ingreso mensual a través de un esquema tripartito: becas del convenio provincial de Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), un complemento de 100.000 pesos gestionado ante el municipio y los 78.000 pesos del ahora extinto programa nacional. La quita de este último componente representa una pérdida porcentual drástica en salarios que ya se encuentran por debajo de la línea de indigencia.
La situación es calificada como crítica en barrios como La Tosquera, donde el comedor comunitario que funciona desde hace siete años debió reducir su frecuencia de cocina de cinco a dos días por semana. Actualmente, cuatro trabajadoras sostienen la elaboración y entrega de entre 90 y 120 viandas diarias. Para ellas, el retiro del subsidio nacional constituye un golpe definitivo a un esquema de trabajo comunitario que ya enfrenta condiciones de extrema precariedad y un contexto social complejo, a pesar de haber logrado recientemente la restitución de tarjetas alimentarias para la compra de frescos mediante una resolución judicial.
Asimismo, el fin de la prestación impacta de lleno en los trabajadores del basural a cielo abierto. En este sector, la gran mayoría de los recuperadores percibía el beneficio como un resguardo de ingresos ante contingencias climáticas o siniestros en el predio que impiden la clasificación de materiales. El programa funcionaba como un mecanismo de liquidez que garantizaba un piso mínimo de ingresos durante los días de lluvia o incendios de material, situaciones frecuentes que paralizan la actividad de reciclado y dejan a las familias sin recursos diarios.
La reconfiguración del sistema hacia un modelo de "capacitaciones" sin contraprestación económica es vista con preocupación por los referentes locales, quienes sostienen que la medida profundiza la desinversión en obras de infraestructura sociourbana y corta los mecanismos de transferencia hacia los sectores más postergados. Mientras el Gobierno central ratifica que la asistencia se canalizará únicamente a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, en el territorio advierten que este enfoque desconoce el valor del trabajo que realizan diariamente quienes sostienen la red de contención social en el partido.
