Salazar intimó al Sindicato de Trabajadores Municipales para que desaloje su sede

 

El conflicto entre el Ejecutivo municipal de San Pedro y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) sumó un nuevo capítulo tras la intimación enviada por el intendente Cecilio Salazar para que la organización gremial desaloje su histórica sede de la calle Rivadavia.

La medida, oficializada a través de una notificación legal, fundamenta el pedido de restitución del inmueble en razones de "interés público". Según la postura de la administración local, el edificio pertenece al patrimonio municipal y se requiere su disponibilidad para fines institucionales, otorgando un plazo perentorio para la entrega de las llaves.

El secretario general del sindicato, Juan Cruz "Mono" Acosta, rechazó de plano la intimación y ratificó que la entidad permanecerá en el edificio que ocupa desde hace más de cinco décadas. El dirigente gremial calificó la acción como un intento de "apropiación" de un espacio que, según sostiene, pertenece históricamente a los trabajadores municipales.

Desde la conducción del STM vincularon esta decisión con la conflictiva relación que mantienen con el jefe comunal, marcada por reclamos salariales y denuncias de retención indebida de fondos. Acosta denunció que el municipio adeuda sumas de dinero correspondientes a descuentos realizados a los empleados que no fueron girados a las arcas sindicales.

La disputa se encamina ahora hacia una resolución en el ámbito judicial, dado que el gremio adelantó que resistirá la medida por las vías legales correspondientes. En sus declaraciones, el referente sindical cuestionó la prioridad del Ejecutivo al señalar que el gobierno local debería enfocarse en saldar sus deudas con el personal antes de avanzar sobre la sede social.

El escenario plantea una fuerte incertidumbre sobre la operatividad del sindicato y la relación futura con el gobierno de Salazar, en un marco de creciente confrontación política y gremial en el distrito. Por el momento, la sede de Rivadavia continúa bajo custodia de la organización de trabajadores, a la espera de nuevos movimientos jurídicos por parte de la asesoría letrada municipal.