Los concejales
Joaquín González y
Melina Panatteri presentaron ante el
Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca establecer la
prohibición de incorporar nuevos trabajadores a la administración municipal por el plazo de
cuatro años.
La iniciativa, remitida al despacho del presidente del cuerpo, Martín Baraybar, fundamenta su urgencia en la necesidad de "proteger el erario público, respetar el esfuerzo de los contribuyentes y garantizar la sostenibilidad financiera" de la comuna.
En sus considerandos, el texto sostiene que el Estado municipal debe ser gestionado bajo principios de austeridad, advirtiendo que "el crecimiento del gasto público, y en particular del gasto en personal, cuando no se encuentra debidamente planificado, termina trasladándose inevitablemente a mayores tasas, impuestos y contribuciones". Los autores argumentan que la expansión de la estructura estatal no garantiza necesariamente una mejora en las prestaciones y que, por el contrario, "un Estado municipal sobredimensionado no implica mejores servicios, sino muchas veces más burocracia y menos eficiencia".
El cuerpo de la norma, en su artículo 1°, establece la restricción de ingresos bajo cualquier modalidad de vinculación, ya sea "planta permanente, planta temporaria, personal contratado, locación de servicios" o programas especiales. No obstante, el proyecto fija una salvedad para el área sanitaria, señalando que "la salud pública constituye una función esencial e indelegable del Estado municipal", por lo que quedan exceptuadas las incorporaciones de profesionales del sector cuando resulten "estrictamente necesarias para asegurar la continuidad y calidad de los servicios".
Asimismo, la propuesta legislativa subraya que la normativa no vulnera los derechos de los empleados actuales. "La presente ordenanza no implica despidos, ajustes sobre trabajadores actuales ni vulneración de derechos adquiridos, sino una política de responsabilidad fiscal", señala el articulado, a la vez que insta al Departamento Ejecutivo a priorizar la "optimización del personal existente" y la "modernización administrativa" durante la vigencia de la norma.
De aprobarse, el municipio deberá remitir anualmente al Concejo Deliberante un informe detallado sobre la evolución del gasto en personal y el ahorro generado. Según los concejales impulsores, el objetivo final es evitar que la contratación de personal se convierta en una "carga insostenible" que termine "hipotecando la autonomía financiera de futuras gestiones municipales".
