El Juzgado de Faltas aplicó multas por más de 290 millones de pesos durante 2025


 El Juzgado Municipal de Faltas de San Pedro presentó ante el Honorable Concejo Deliberante el balance anual de su gestión correspondiente al ejercicio 2025. El documento, elevado por la jueza de Faltas, Dra. Jimena Gomez, detalla que el organismo percibió un total de 290.547.875,98 pesos en concepto de ingresos derivados de la detección de diversas infracciones y la posterior aplicación de multas a los contraventores.

La rendición, dirigida al presidente del cuerpo legislativo, Martín Baraybar, se fundamenta en las actuaciones labradas por las distintas áreas de control municipal que derivaron en sanciones económicas por incumplimientos a la normativa vigente.

Recaudación por rubros de infracción

El informe revela que el mayor volumen de ingresos por multas provino de las faltas detectadas en la vía pública, con un claro predominio de las sanciones aplicadas a través de la Dirección de Tránsito, que totalizaron 255.767.986,03 pesos.

Otros rubros destacados en el esquema de penalidades incluyen:

  • Oficina del Consumidor: multas por un valor de 11.809.601,00 pesos

  • Gastos Administrativos vinculados a las causas: 9.641.108,00 pesos.

  • Estadía en Depósito: cargos por retención de vehículos infractores por 7.677.114,00 pesos.

  • Obras: multas por contravenciones en construcciones y edificación por 2.767.380,16 pesos.

En menor escala, se registraron ingresos por infracciones en materia de Comercio ($1.235.444,53), Seguridad ($956.610,94) y Bromatología ($452.532,32), además de servicios de remolque ($240.099,00).

Comparativa de punibilidad

Durante el año 2025, el Juzgado procesó un total de 2.570 causas por infracciones. El análisis histórico incluido en el reporte muestra una tendencia ascendente en la aplicación de sanciones económicas: mientras que en 2015 se recaudaron 766.582,00 pesos por multas, la cifra creció de manera sostenida hasta alcanzar los 184.013.993,60 pesos en 2024, consolidando en el último periodo un incremento significativo en la penalización de las conductas infractoras en el distrito.