La Sociedad Rural se declaró en "estado de alerta" por los aumentos en las tasas municipales

  La Sociedad Rural de San Pedro manifestó su "profunda preocupación" y se declaró en estado de alerta tras el anuncio del nuevo presupuesto municipal. La entidad agropecuaria denunció que la iniciativa oficial contempla incrementos desmedidos en los tributos que recaen sobre el sector productivo y la comunidad, sin que estos se reflejen en una mejora de los servicios públicos o la infraestructura local. A través de un duro comunicado, la organización calificó como "alarmante" el incremento proyectado del 100% en la tasa de Red Vial , especialmente ante lo que consideran un "estado deplorable" de los caminos rurales y una falta de mantenimiento adecuado. El reclamo también alcanza a otras categorías tributarias, señalando aumentos del 100% en Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y del 50% en las Guías de traslado .

El HCD analiza la ordenanza impositiva que incluye aumento de tasas para "revertir el déficit operativo"


El Departamento Ejecutivo elevó al Honorable Concejo Deliberante el proyecto de Ordenanza Impositiva para el ejercicio 2026, el cual inicia ahora su camino de análisis en comisiones previo a su tratamiento en el recinto y la posterior Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. La iniciativa oficialista contempla una fuerte actualización en las tasas de servicios básicos y una reestructuración de la base tributaria, fundamentada en la necesidad de revertir el déficit operativo y la caída en la autonomía de ingresos propios del municipio.

De acuerdo al proyecto, la Tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía Pública (ABL) y la Tasa por Servicios Sanitarios registrarán un incremento del 100% en todas sus categorías. En el caso del ABL, se mantendrán los coeficientes diferenciales de 1,25 para los sectores comerciales, industriales y de servicios profesionales. Por su parte, la Tasa por Red Vial Municipal, que afecta a las propiedades rurales por hectárea, también sufrirá un aumento del 100%, manteniendo las cuatro categorías parcelarias vigentes.

Desde la administración local justificaron estas medidas señalando que las tasas de contraprestación directa presentan un "fuerte impacto deficitario" debido al aumento de los costos de prestación y una "ostensible caída" en el cumplimiento de los contribuyentes. Según datos del Ministerio de Economía provincial, la autonomía de ingresos propios de San Pedro fue del 20,15% en 2024 —el valor más bajo de la última década—, y aunque se recuperó al 23,50% en el presente ejercicio, continúa muy por debajo del promedio del 38,50% de los municipios del interior bonaerense.

En lo que respecta a la actividad económica, la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene prevé un incremento del 35%. Para los contribuyentes con una facturación inferior a 270 millones de pesos en 2025, se establece un mínimo mensual de $20.748; mientras que para aquellos que superen dicho monto de facturación, el mínimo mensual ascenderá a $260.090. Cabe destacar que los ingresos por venta de medicamentos en farmacias permanecerán excluidos de la base imponible de este tributo.

El proyecto también detalla actualizaciones en otros conceptos:

  • Derechos de Cementerio: Se proyecta el incremento más alto con un 140%.

  • Tasas de Contraprestación Varias: Los Derechos de Construcción, Oficina, Control de Marcas y Señales, y la Tasa por Servicios Varios aumentarán un 50%.

  • Derechos de Publicidad y Propaganda: Se incrementarán un 50%, aunque se mantiene la exención para los contribuyentes locales.

  • Patentes: Los automotores tendrán un aumento del 24% (incorporando el modelo 2015 y eximiendo al 2004), mientras que las motovehículos subirán un 50%.

  • Antenas: El canon por habilitación e inspección anual se actualizará en un 30%.

Como novedad administrativa, los Derechos de Oficina incorporan un costo por la impresión de facturas enviadas al domicilio fiscal electrónico y un arancel para quienes opten por iniciar presencialmente trámites que ya se encuentran digitalizados.

Finalmente, el Ejecutivo solicitó facultades para suspender temporalmente beneficios fiscales en caso de que la situación económica ponga en riesgo la prestación de servicios esenciales. El gobierno local manifestó que la política para 2026 buscará optimizar la recaudación y ampliar la base tributaria mediante fiscalizaciones permanentes y convenios con organismos nacionales y provinciales.