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El reclamo se centra en la defensa del territorio costero, el ambiente y los derechos históricos de los barrios Cementerio y Puerto. Los vecinos denuncian que la zona costera que habitan está siendo reclamada como propiedad privada por distintas empresas, afectando áreas habitadas por familias trabajadoras desde hace más de 150 años, zonas de barranca y humedales, el "triángulo del puerto" y franjas de costa rellenadas artificialmente.
Según el documento, las familias del barrio Cementerio y aledaños han vivido en el territorio por generaciones, siendo muchos de ellos descendientes de pescadores, cortadores de totoras y trabajadores costeros que ocuparon la zona cuando carecía de servicios. Esta permanencia histórica, sostienen, consolida derechos sociales, ambientales y comunitarios sobre el territorio.
El barrio Cementerio está registrado en el ReNaBaP (código 2872), lo que garantiza su reconocimiento como barrio popular, el derecho a la urbanización, permanencia y protección de sus habitantes, y el acceso a servicios básicos y obras públicas conforme a la Ley Nacional 27.453 de Integración Socio Urbana de Barrios Populares.
Los vecinos también citan como marco legal protector los artículos 14 bis y 41 de la Constitución Nacional (derecho a vivienda digna, a un ambiente sano y a la participación comunitaria), el principio de función social de la propiedad y el Artículo 1902 del Código Civil y Comercial, que limita el dominio privado en zonas costeras, barrancas, riberas o humedales.
El texto señala "irregularidades en el traspaso de tierras", alegando que durante la última dictadura militar y años posteriores, empresas privadas accedieron a tierras públicas costeras a través de procesos "poco transparentes". Se advierte que parte de esas tierras podrían pertenecer al Estado Nacional o Provincial o estar bajo jurisdicción portuaria, por lo que no podrían ser vendidas o apropiadas por empresas privadas. Estas situaciones, indican, han provocado amenazas judiciales, cercamiento de caminos públicos y presiones con intenciones de desalojo sobre las familias.
Los principales reclamos presentados son:
Reconocimiento oficial del barrio Cementerio y su historia como territorio de trabajo, vivienda y comunidad.
Anulación o revisión de los traspasos ilegítimos de tierras públicas.
Cumplimiento de la Ley 27.453 y demás normativas protectoras.
Protección del humedal y la costa, y prohibición de actividades extractivas (como areneras) en zonas habitadas o de alto valor ecológico.
La Asociación Civil y los vecinos se oponen a todo intento de desalojo o desplazamiento forzado, y defienden su derecho a vivir dignamente en el territorio, así como el derecho colectivo a la tierra, el agua, la historia y la vida comunitaria. El escrito fue acompañado por las firmas de numerosos vecinos y vecinas de los barrios Cementerio, Puerto y zonas aledañas, y lleva copia al Señor Intendente Cecilio Salazar.
