El destino del edificio de la ex Clínica San Pedro y los pagos a trabajadoras se definen en los próximos días
La Justicia del Trabajo de San Nicolás deberá definir en los próximos días la situación legal del edificio de la ex Clínica San Pedro, luego de que un remate judicial online fuera suspendido de manera provisoria a pesar de haberse concretado una oferta ganadora de $452.822.855,10 por el inmueble. La suspensión fue solicitada por la parte demandada, que busca pagar la sentencia que originó la subasta y evitar perder el bien.
El remate había sido dispuesto por el Tribunal de Trabajo N° 3 de San Nicolás para saldar deudas por despidos de extrabajadoras, iniciada por el despido injustificado de una empleada.
El Dr. José María Vellani, abogado de la demandante, relató que tras 88 pujas, la oferta más alta provino de un postor identificado como 83987, de la localidad de Hurlingham, con un monto de 453 millones de pesos, partiendo de una base de $84.639.786.
"A la hora y media el Tribunal la suspende, cuando ya había un postor ganador", explicó Vellani, quien señaló que los responsables del inmueble se presentaron con la "voluntad de pagar esa sentencia, suspender la subasta y evitar desprenderse del bien".
Según precisó el letrado, la presentación la hizo un abogado en nombre de la presidenta, una mujer de Roldán, provincia de Santa Fe. La Justicia suspendió la subasta, aunque obligó a la demandada a pagar una multa al postor ganador, equivalente a una vez y media la seña del 10%, un monto cercano a los 70 millones de pesos,.
La clave está en la decisión judicial
La definición se centrará ahora en si la Justicia considera válida la propuesta de pago realizada específicamente a la empleada que inició la causa y la compensación del ganador de la compulsa.
"A la persona a la que le llega la ejecución ya le pagó. Pero la subasta permite pagar el resto de las sentencias que están aguardando en fila", indicó Vellani, señalando que el Tribunal deberá evaluar si la oferta de pago es suficiente para compensar a la demandante y, en consecuencia, suspender los efectos legales del remate sobre el edificio.
Si la Justicia opta por esta vía, el inmueble continuaría en manos de los presuntos inversores, lo que podría generar nuevas demandas de los demás trabajadores que aún aguardan el cumplimiento de sus pagos por despidos.
El edificio, más allá de la deuda laboral, acumula deudas millonarias con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) por más de $11 millones y con la Municipalidad de San Pedro por $4,3 millones, correspondientes a ABL y tasas sanitarias.
