El ex jefe de la Fiscalía Regional de Rosario, el sampedrino Patricio Serjal, comenzó este lunes a ser juzgado en un proceso oral y público en el que está acusado de haber brindado “cobertura judicial” al capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti, a cambio de pagos en dólares.
En la primera audiencia, los fiscales Marisol Fabbro, José Luis Caterina y María de los Ángeles Granato acusaron a Serjal como organizador y a su colaborador Nelson Ugolini como miembro de una asociación ilícita. Según la acusación, ambos se beneficiaron con sobornos para garantizar impunidad a Peiti en sus actividades ilegales.
En la misma causa está imputado el senador provincial por San Lorenzo, Armando Traferri, señalado también como organizador de la estructura criminal, aunque aún no fue llevado a juicio.
La investigación se inició en 2020 y derivó en condenas abreviadas para el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad –considerado cómplice de la cobertura judicial– y el propio Peiti, quienes se acogieron a la figura del arrepentido colaborador y obtuvieron penas bajas de cumplimiento condicional.
La estrategia de la defensa
Serjal llegó en libertad al juicio. Su defensa, encabezada por los abogados Renzo Biga e Ignacio Carbone, reclamó incorporar como prueba la extracción forense de los teléfonos de Mariana Ortigala, una mujer vinculada a los clanes narcos de Esteban Alvarado y Los Monos.
De esos dispositivos surgieron mensajes que dieron origen a otra causa, en la que se investiga al fiscal Matías Edery, denunciado por sus colegas Pablo Socca y Miguel Moreno como supuesto “informante” de Ortigala. La defensa sostiene que esa evidencia demostraría que Edery y su par Luis Schiappa Pietra direccionaron el testimonio de Peiti contra Serjal y Traferri.
El tribunal rechazó incorporar el contenido de los teléfonos de Ortigala –que permanece bajo reserva–, pero aceptó las declaraciones testimoniales de los fiscales Moreno, Socca, y de las fiscales santafesinas Bárbara Ilera y María Laura Urquiza.
La acusación y el pedido de penas
En su alegato inicial, la fiscal Fabbro aseguró que Serjal y Ugolini integraron una organización junto a Traferri, Ponce Asahad, Peiti, el ex comisario Alejandro Torrisi y el delincuente Maximiliano “Cachete” Díaz, entre otros.
De acuerdo con la acusación, Serjal se reunió en varias oportunidades con Peiti y con Traferri, le entregó información reservada al empresario del juego clandestino y actuó para frustrar investigaciones en su contra, incluso en la jurisdicción de Melincué.
La Fiscalía adelantó que pedirá para Serjal 12 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos, por los delitos de asociación ilícita como organizador, cohecho pasivo agravado, falsedad ideológica de documento público, omisión de persecución y peculado de servicios.
Para Ugolini, en tanto, solicitó 5 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ocupar cargos o empleos públicos, por asociación ilícita en calidad de miembro, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo simple.
