La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 15 de San Nicolás, especializada en Grooming, Pornografía Infantil y Delitos Informáticos, imputó formalmente a una profesora de San Pedro acusada de acosar sexualmente a un alumno de 15 años. La decisión del fiscal Jorge Leveratto se tomó tras la ratificación de la denuncia por parte del menor, quien ya cumplió 16 años, durante una declaración judicial.
La investigación se inició en abril pasado, a raíz de una denuncia penal presentada por la madre del adolescente. La progenitora había alertado sobre el presunto acoso de una profesora suplente, quien habría enviado fotos y videos de contenido sexual, además de mantener conversaciones inapropiadas con el joven.
La causa, que inicialmente recayó en la fiscalía local, fue derivada a la UFI N° 15 del Departamento Judicial San Nicolás, dada su especialización en este tipo de delitos. Inmediatamente, el fiscal Leveratto ordenó una serie de medidas de prueba. Entre ellas, se realizó un allanamiento en el domicilio de la acusada con la intervención de Prefectura Naval Argentina, debido a un presunto vínculo familiar de la imputada con personal de la fuerza policial. Si bien no se hallaron los teléfonos celulares que se habrían utilizado para el acoso, se secuestraron las cajas de los aparatos con los números de IMEI, que se consideran prueba relevante para vincular a la docente con las líneas telefónicas en cuestión.
Asimismo, la Justicia dictó una medida cautelar de prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto de la imputada respecto del menor. Se activó el protocolo de delitos contra la integridad sexual, dando intervención al servicio local del niño y adolescentes.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la docente, quien también impartía clases en otros establecimientos, habría renunciado a su cargo antes de la formalización de la denuncia, presuntamente al tomar conocimiento de la investigación en su contra.
La Fiscalía también remitió oficios a la Jefatura Distrital de Educación para conocer las medidas administrativas adoptadas en relación con la situación de la profesora en la institución donde asistía la víctima.
La figura penal de "grooming agravado" imputada a la docente refiere a la captación de un menor de edad por medios tecnológicos con fines sexuales, y podría agravarse por su condición de educadora, lo que podría derivar en una pena de hasta cinco años de prisión.
