Esta medida, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Agrario, suspende por séptimo año consecutivo la entrada en vigencia de la normativa original. El ministro Javier Rodríguez argumentó que la prórroga es necesaria para "adecuar las herramientas propuestas y consensuadas" con los actores involucrados en el Observatorio Técnico de Agroquímicos, como la receta agronómica obligatoria y la georreferenciación de restricciones territoriales.
Sin embargo, la principal razón detrás de esta decisión parece ser la presentación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados bonaerense que busca regular de manera integral la gestión y uso de productos fitosanitarios. El gobierno provincial considera que legislar sobre esta temática es la vía más adecuada para lograr un consenso y una regulación efectiva.
"Hay una necesidad tanto de los productores como del Estado de ordenar la discusión", afirmó Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). La entidad, que representa a los productores rurales, se mostró a favor de avanzar en una ley provincial que unifique las diferentes ordenanzas municipales que actualmente regulan el uso de agroquímicos.
La prórroga de la Resolución 246 ha generado nuevamente el debate sobre los impactos del uso de agroquímicos en la salud y el ambiente. Organizaciones ambientalistas y sociales han expresado su preocupación por las consecuencias de esta demora y han reclamado una regulación más estricta y rápida.
