El Consejo de Administración de COOPSER presentó ante la Justicia el resultado de la pericia caligráfica para determinar responsabilidades sobre la falsificación de firmas de socios (la mayoría de ellos fallecidos) en los avales y nóminas de candidatos adjuntados por la lista Verde para las suspendidas asambleas de distrito.
Iván Groppo, actual presidente de la entidad, señaló al programa "Equipo de Radio" que el peritaje fue encargado a un estudio jurídico de San Nicolás. "Las conclusiones indican que la gran mayoría de los escritos fueron efectuados de puño y letra por una persona que es Marcela Izaguirre. El informe tiene un montón de análisis que comparan el tipo de letras y las formas".
En relación a los pasos que se dieron hasta el momento y cómo continúa la investigación, Groppo informó: "Lo que hizo COOPSER fue presentar todos los papeles que nos acercaron, y se comparó con la presentación que hicieron con avales y candidaturas. Como todo lo anterior, se presenta en la Justicia. Todo lo presentamos como una serie de ampliaciones de la denuncia en la Justicia. Esto también fue presentado como una prueba más, para que la Justicia investigue".
Específicamente, recordó que se presentaron entre los avales los datos de 17 socios fallecidos a los que les falsificaron la firma. Del mismo modo, otras 5 personas fueron incorporadas sin su autorización.
Además, Groppo confirmó que, siguiendo el mandato de la asamblea, la cooperativa tomó la decisión de expulsar a los tres responsables de la lista como socios de la cooperativa: "Queremos anunciar que también estas personas están siendo notificadas de que se las va a expulsar como socios de la cooperativa. Se trata del apoderado Roberto Rivas, de la propia Marcela Izaguirre y de Fernando Altolaguirre".
El directivo anticipó, asimismo, que en próximas asambleas, los avales para la presentación de listas deberán ser firmados en la sede de la entidad.
La propia Marcela Izaguirre fue consultada por la producción de La Radio 92.3 y eligió no realizar declaraciones públicas. Sin embargo, sostuvo que se trata de una represalia por pedir la nulidad de la asamblea ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
