Los concejales que integran los bloques de Juntos por el Cambio, UCR, La Libertad Avanza y Pro Libertad presentaron un proyecto de comunicación solicitando informes al Departamento Ejecutivo sobre el pedido de desalojo del Centro Universitario Regional.
Entre otros puntos, los ediles de la oposición reclaman que, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la aprobación del proyecto (que será tratado en la sesión del jueves), se explique "por qué motivo el Jefe de Gabinete exige una medida de desalojo del espacio ocupado por la Municipalidad del Centro Universitario Regional de San Pedro (CUR), cuando no existe la representación municipal conforme Ley 16760/1958 y sus modificatorias, sin que este Honorable Concejo haya modificado el destino primigenio del inmueble".
Además, reclaman explicaciones sobre los motivos del desalojo del CUR, al que identifican como "una entidad educativa con una proficua labor en los estudios universitarios en San Pedro, cuando ocupa un sector reducido del edificio de 2000 m2, sin interferir con las oficinas municipales allí instaladas".
En otro de los puntos, los concejales preguntan por qué motivo "no se ha dispuesto la reparación del edificio vandalizado de la ex Terminal de Omnibus como se había propuesto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para el desarrollo del Plan Puentes creado por el mismo, teniendo en cuenta que San Pedro ya dispone del Centro Universitario requerido por el Programa, con el agravante de la disposición de un aporte de treinta millones de pesos provenientes del citado gobierno, cuyo destino se desconoce".
El punto d) del pedido de informes es el más llamativo, por sus implicancias políticas. Allí, los ediles consultan al Intendente Cecilio Salazar "qué medidas adoptará para preservar sus potestades legales frente al accionar no reglamentario de su colaborador, el Jefe de Gabinete".
El informe reclamado al Ejecutivo deberá incluir, de ser aprobado el pedido, un detalle de los convenios vigentes entre la Municipalidad de San Pedro, el CUR y las diferentes instituciones universitarias, que autorizan el uso del edificio por parte de la entidad educativa.
Finalmente, los autores hacen mención a las declaraciones formuladas por el Director de Educación y Capacitación, Alan Ocampo. En tal sentido, piden una "aclaración acerca de los dichos (…) sobre la percepción de “retornos” por parte del CUR y el supuesto lucro con la educación superior, y, en caso de que tales actos configuren un delito, qué medidas se han tomado al respecto".
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